La llamada guerra contra los drogas en México no ha estado basada en operativos bien planeados, sino en acciones en su mayoría improvisadas y con un alto grado de letalidad, como parte de un enfoque meramente represivo que ha propiciado el aumento de la violencia en el país.

Académicos y activistas que participaron en la inauguración del Museo de Política de Drogas opinaron lo anterior y llamaron a modificar dicha estrategia fallida, cuyo propósito nunca ha sido terminar con los enervantes, sino controlar territorio y amedrentar a la población civil.

La investigadora Rebeca Col afirmó que al lanzar el combate contra el narcotráfico en 2006, el entonces presidente Felipe Calderón no contaba con un diagnóstico certero que justificara la intervención del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lo cual generó un aumento considerable de los hechos de violencia.

Agregó que de acuerdo con un estudio académico sobre el tema, de 2007 a 2011 se documentaron 3 mil 37 enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos de civiles armados, de los cuales sólo 31 por ciento ocurrieron durante patrullajes y en 37 por ciento de los casos sólo hubo muertes de presuntos criminales, sin que hubiera heridos.

La estrategia es improvisada, poco planificada y altamente letal, porque opera bajo una lógica bélica, donde se cambian los juicios por las balas. Es una estrategia contraproducente que usa el derecho penal como la única herramienta para atender el fenómeno del consumo de drogas.

Por su parte, Laura Carlsen, del Centro para la Política Internacional, recordó que desde su lanzamiento en Estados Unidos en la década de los 70 del siglo pasado, la guerra contra las drogas tuvo el verdadero propósito de militarizar a la sociedad y reprimir a sectores críticos o inconformes, con el pretexto de combatir al narcotráfico.

La académica consideró que no puede calificarse como una estrategia fallida, sino como el resultado de un plan diseñado ex profeso para beneficiar a ciertos grupos políticos e industriales, yel territorio mexicano es utilizado por Washington para manejar el flujo de migrantes, armas y drogas para sus propios intereses.

Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, alertó que la Ley de Seguridad Interior significa una continuación de esta política de militarización de la seguridad pública y del tema del consumo de drogas, cuyo fin último es garantizar impunidad a las fuerzas armadas.