Algunas cárceles estatales no cumplen los estándares internacionales para garantizar los derechos de las personas que están ahí internadas.

Los centros penitenciarios de 10 estados presentan números rojos en materia de respeto a las garantías de los presos, en 20 las evaluaciones son apenas de entre seis y siete puntos, mientras sólo dos cuentan con calificación superior a ocho.

Así lo revela el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciario 2017, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según el cual la calificación promedio para los reclusorios estatales del país es de 6.30 puntos.

El estudio incluye un análisis de 198 de las 378 cárceles varoniles, femeniles y mixtas del territorio. De ellas, 131 son estatales, 20 centros federales, tres prisiones militares, 44 municipales y 17 para mujeres.

Hay entidades con números rojos, que no cumplen los lineamientos internacionales en la materia. Nayarit (4.15 puntos), Guerrero (4.22), Tamaulipas (4.71), Hidalgo (4.80), Nuevo León (5.02), Quintana Roo (5.3), Baja California Sur (5.9), Zacatecas (5.52), Tabasco (5.59) y Sinaloa (5.64).

En números amarillos se encuentran los centros de internamiento de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, estado de México, Puebla, Michoacán, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Yucatán, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Tlaxcala, Colima, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes y Coahuila, donde las calificaciones van de seis a 7.4 puntos.

Los penales de Guanajuato y Querétaro obtuvieron 8.19 y 8.13 puntos, respectivamente.

La CNDH detectó en la supervisión que las autoridades estatales deben prestar atención a temas como deficiente separación entre población masculina y femenina; resolver la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos; corregir las deficiencias en los servicios de salud; evitar la sobrepoblación y el hacinamiento, y combatir los autogobiernos.

También aconsejó resolver las deficientes condiciones materiales y de higiene; incrementar el personal de seguridad y custodia; contrarrestar la comisión de actividades ilícitas en éstos; mejorar el servicio de alimentación; capacitar al personal penitenciario; separar a procesados y sentenciados; mejorar la capacitación y actividades laborales y educativas para los internos, e incrementar los programas de prevención de adicciones.

De acuerdo con el texto, muchas prisiones del país, en particular las estatales y municipales, no garantizan los mínimos derechos para las personas privadas de su libertad.