Las industrias extractivas no son sostenibles. Éstas extraen recursos y no los remplazan; deterioran territorios y afectan los entornos en los que se desarrollan, expresó el relator especial de Naciones Unidas sobre las Consecuencias para los Derechos Humanos Relacionadas con la Gestión y Eliminación Ambientalmente Racional de las Sustancias y los Desechos Peligrosos, Baskut Tuncak.

El funcionario internacional participó en el foro Industrias extractivas y derechos humanos: retos y perspectivas, organizado por la agrupación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde planteó que no existe una solución para la mayoría de los problemas y riesgos generados por este tipo de industria.

Indicó que regularmente las compañía dedicadas a las actividades extractivas incumplen con las leyes ambientales, lo que consideró una forma de violencia.

Muchas veces pensamos que la violencia tiene un impacto físico, pero los químicos tóxicos (producidos por estas industrias) también lo son, porque causan un daño increíble. No es que causen cáncer y otras enfermedades, sino que las víctimas no tienen acceso a ningún tipo de remedio depués de haber sido expuestas a esos materiales. Se trata de una gran injusticia.

Y no es que se deban considerar los pagos materiales por los daños, aseveró, sino los efectos entre las personas y los entornos ambientales por las consecuencias de ese tipo de contaminación.

Indicó que los proyectos de este tipo deben garantizar y cumplir seis principios: transparencia, toma de responsabilidades, estado de derecho, prevención y no repetición, no discriminación y cuidar el interés superior de la niñez.

Durante el foro se puso especial énfasis en el caso del derrame tóxico por parte de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014, y las consecuencias del mismo. Ahí, Mayeli Sánchez, experta en ecología acuática egresada de la UNAM, señaló que ese derrame tuvo un impacto en más de 200 kilómetros en siete municipios de Sonora.

Puntualizó que se trató o de mala suerte de la empresa o del incumplimiento de las normas ambientales, y pese a la tragedia, el plan de monitoreo emprendido por el gobierno y la compañía no tuvo rigurosidad y la estrategia de remediación únicamente se redujo al suelo y no fue ambiental. Hablamos de un ecocidio que deja en la incertidumbre a las poblaciones que ahí viven.

Omar Arellano, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, indicó que a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se dio una penetración mayor al país de industrias extractivas trasnacionales, que se rigen por normas laxas respecto de las emisiones y descargas de contaminantes a los cuerpos acuíferos, al grado que muchas de esas empresas no cumplirían con los estándares en la materia de sus países de origen.

Raúl García Barrios, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que 75 por ciento de los ríos en el país están severamente contaminados, la mayoría por descargas industriales. Agregó que las leyes internas son muy desarrolladas, pero en los hechos no se cumplen.