Del total de la población en edad laboral, el segmento correspondiente a jóvenes entre 15 y 29 años presenta los mayores índices de precariedad en su trabajo, con 66 por ciento, fundamentalmente por los salarios que reciben y porque no cuentan con seguridad social.

El informe Bienestar y Precariedad laboral en México con énfasis en la población joven, del Observatorio de los Salarios de la Universidad Iberoamericana (Uia) de Puebla, que dirige Miguel Reyes Hernández, plantea lo anterior y puntualiza que en total, 61 por ciento de los mexicanos que tienen un trabajo se encuentran en condiciones de precariedad laboral, pero este porcentaje se eleva entre los muchachos de esa edad.

El análisis plantea que la alta incidencia de pobreza, así como de población que no alcanza un salario digno y el hecho de que 6.6 mexicanos de cada 10 no tienen seguridad social, son factores que sin duda los dirigen a condiciones de vida precarias, lo cual constituye la mayor parte de los asalariados promedio del país.

Añade que la precariedad laboral no tiene una tendencia decreciente, sólo se ha detenido un poco en los últimos años; sin embargo, por el hecho de que los salarios no se mueven y la seguridad social no se generaliza, la población asalariada joven pareciera destinada en su mayor parte a laborar en condiciones de pobreza, de bajos ingresos, poca protección social y jornadas por encima de la ley.

En 2005, el volumen de población joven con malas condiciones laborales representaba 65.5 del total de trabajadores, cifra que subió en 2014 a 67.9 y que para 2017 quedó en 66.5 por ciento.

Esto se debe a que el indicador de bienestar para la población de 15 a 29 años señala que en los años recientes no hay mejoras sustanciales en la calidad de los trabajos, ni en materia de sueldos ni con garantías de los derechos laborales marcados en la Constitución.

La inserción de México en el contexto internacional como país de bajos salarios, pocas prestaciones y largas jornadas ha sido la manera de atraer inversión, compensando la falta de inversión pública en infraestructura de calidad, políticas eficaces de transferencia y generación de desarrollo tecnológico y científico, así como mejoras regulatorias y combate efectivo contra la corrupción, indica el texto.

Por último, el estudio de la Uia Puebla señala que entre las políticas públicas para que la población trabajadora salga de la precariedad, está incrementar los salarios en el mismo porcentaje que la productividad, dar seguridad social a los trabajadores para garantizar ciertos estándares de vida así como la interacción de políticas sociales y de mercados laborales, entre otros.