El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca de presuntos actos de tortura cometidos contra varios detenidos por el caso Ayotzinapa es un abordaje profesional que documentó las irregularidades que ha tenido la indagatoria oficial, por lo cual las descalificaciones del Estado mexicano son un gesto preocupante de negación, advirtieron integrantes de organizaciones civiles.

Maureen Meyer, directora del programa para México de la Oficina de Washington sobre América Latina, destacó que el informe presentado por Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un elemento muy importante para denunciar casos no sólo de tortura contra varios detenidos, sino también de obstrucción de la justicia.

Es lamentable que el gobierno de México, en vez de reafirmar su compromiso de aceptar todas las recomendaciones (del estudio de la ONU), tenga una actitud de atacar y no respaldar a quienes le hacen ver las fallas de sus indagatorias, indicó.

Meyer consideró, al igual que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que el interés del gobierno es cerrar el caso y no asegurar la verdad, ni investigar a funcionarios que podrían ser responsables de violaciones graves de derechos humanos.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que el informe presentado por Jan Jarab “es un estudio muy profesional que contribuye a fundamentar las inconsistencias de la ‘verdad histórica’ y demostrar que hubo una práctica sistemática de tortura en contra de personajes clave” acusados por el ataque a los estudiantes.

La tortura sigue siendo la prueba reina de las investigaciones, y por eso la investigación de la ONU merece ser atendida por el gobierno, (se requiere) que sean en verdad autocríticos y analicen las inconsistencias. Para la salud del país, es importante demostrar voluntad política y compromiso con las víctimas, atendiendo los resultados que arroja ese estudio, enfatizó.