odría decirse que están apretando (aunque ya ha sido moderado el ánimo protagónico de Enrique Ochoa Reza, el creador de la frase de la Prieta que no aprieta, quien sigue como presidente formal del PRI) en contra de quien hasta ahora ha jugado con entera libertad a lo largo de toda la cancha electoral, el tabasqueño zigzagueante.

Véase, por ejemplo, la acometida contra uno de los personajes más vulnerables de la plantilla de candidatos a legisladores federales que Andrés Manuel López Obrador ha presentado, el sumamente polémico Napoleón Gómez Urrutia, dirigente sindical minero, a quien una autoridad laboral del fuero federal ha ordenado la devolución de 54 millones de dólares, que han constituido la sustancia del largo litigio que llevó al heredero del negocio sindical minero (originalmente administrado por su padre, Napoleón Gómez Sada) a un autoexilio en Canadá.

Además del golpe dado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)respecto a esos 54 millones de dólares (laudo que será llevado a la instancia judicial superior, para que revise el caso y confirme o rechace los términos dados a conocer por la JFCA), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza si es procedente la postulación del mencionado Gómez Urrutia, en función de la ciudadanía canadiense que poseía el dirigente gremial (que nunca trabajó en una mina) y a la cual renunció, aunque la máxima autoridad jurisdiccional electoral (dominada por los intereses de Los Pinos, el PRI y el PAN), parece oportunamente indecisa en cuanto a los alcances y efectividad de esa renuncia.

De ser confirmadas las hipótesis contrarias a Gómez Urrutia (la obligación de que el sindicato desembolse 54 millones de dólares y la negativa a otorgarle registro como candidato a senador), el ex director de la Casa de Moneda no podrá regresar al país con fuero legislativo y estará sujeto a maniobras empresariales (saludos, Grupo México y Germán Larrea) que podrían generar las condiciones para apresarlo y someterlo a un largo proceso.

Miguel Ángel Mancera está también en enredos relacionados con las interpretaciones judiciales. Su candidatura a senador ha rozado lo grotesco en términos políticos: no fue capaz de postularse por la entidad que gobernaba: Ciudad de México, pues sus posibilidades de triunfo habrían sido remotas: muy mal calificado en la capital del país, se habilitó un piso electoral remoto, en Chiapas.

¿Chiapas? Pues sí. Propuesto por el consejo del Partido Acción Nacional de Chiapas. ¿El PAN? Pues sí: llegó al poder en Ciudad de México a nombre del Partido de la Revolución Democrática y aseguró tener pensamiento de izquierda, en razón de que alguna vez había viajado en Metro y por tanto había conocido el sentimiento popular, aunque fuera como pasajero. Y controla hasta ahora buena parte de lo que queda del sol azteca, por medio de Manuel Granados, presidente nacional del PRD; de Alejandra Barrales, su amistosa carta a sucederlo, y de Héctor Serrano, el turbio operador electoral y mediático que será legislador federal.

Pero a la hora de la candidatura propia va como externo, a nombre de Chiapas y del PAN, lo cual en su momento generó una dura y prolongada discusión (unas cuatro horas) en el seno de la Comisión Permanente de Acción Nacional, donde los arreglos cupulares vencieron las voces opuestas a dar a Mancera el segundo lugar de las listas de aspirantes al Senado por la vía plurinominal. Ahora, el extraño caso del ex jefe del Gobierno capitalino es analizado por el Tribunal Electoral Federal, donde se habla de la posibilidad de una decisión que afecte tanto a Morena, en el caso de Gómez Urrutia, como al PAN y al PRD, en el caso de Mancera.

En el escenario del PRI que aprieta o, más propiamente, que pretende apretar, debe anotarse también el asomo de una peregrina encuesta de opinión, elaborada por la firma GEA-ISA (GEA: Grupo de Economistas y Asociados, e ISA: Investigaciones Sociales Aplicadas SC), que pretende mostrar cierto avance de Ricardo Anaya en cuanto a la persecución electoral de Andrés Manuel López Obrador, con el pentasecretario tridorito, José Antonio Meade (Míster Pérate, esto por las veces en que dijo pérate a sus excitados entrevistadores de Milenio Tv), no tan hundido.

La guerra de las encuestas no se había dado, hasta ahora. De manera peculiar, la inmensa mayoría de las empresas a las que generosa e ingenuamente se puede calificar como confiables han reportado una delantera enorme de AMLO. Ayer, sin embargo, GEA-ISA, de comprobada vocación asociativa con el poder, pareció haber dado el banderazo de salida a la temporada de las recomposturas estadísticas.

Tomando ya como referencia el primer debate entre candidatos presidenciales, GEA-ISA reincide en colocarse en el espinoso sendero de los vaticinios electorales, que en otras ocasiones le han resultado tan escandalosamente equivocados que su credibilidad es baja: según el nuevo estudio, AMLO tendría 29 por ciento de las preferencias electorales; Ricardo Anaya Cortés, 24%, y José Antonio Meade, 20%. Planteado así, el tabasqueño estaría a una distancia nada definitiva respecto al queretano (apenas 5 por ciento de intención de voto, como diferencia entre ambos), e incluso con una separación de nueve puntos respecto al cuasi priísta, muy pocos conforme a la percepción popular.

No está de más recordar lo que aquí se ha planteado con insistencia: las encuestas de opinión pública no tienen ningún rango de confiabilidad comprobable; las realizan determinadas empresas conforme a las instrucciones y necesidades de sus clientes (la encuesta es de quien la paga, suele decirse). Sin embargo, el lopezobradorismo las ha convalidado gustosamente cuando le han favorecido, de la misma manera en que las rechaza airadamente cuando le perjudican. Por lo pronto, inicia la temporada de las encuestas cuchareadas. ¡Hasta el próximo lunes!

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