Un juez de Quintana Roo y un agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia estatal, fueron detenidos por la PGR, ya que, de acuerdo con la indagatoria, actuaron en perjuicio del periodista Pedro Celestino Canché Herrera, quien permaneció nueve meses en prisión de forma injustificada.

Se trata de Javier N, juez penal del tribunal superior de justicia del estado, quien dictó el auto de formal prisión contra el comunicador sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir su probable participación en el delito de sabotaje.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) consideró que se actuó en perjuicio del Canché Herrera con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión. El periodista permaneció en la prisión municipal de Felipe Carrillo Puerto acusado de sabotaje luego de estar presente en una protesta por las altas tarifas de agua.

Por su parte, la agente del Ministerio Público, Tila Patricia N, inició una indagatoria sin contar con evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito, consignó y solicitó una orden de aprehensión contra el comunicador, como represalia por su actividad periodística.

La PGR explicó que mientras se realizaba la protesta el periodista tomaba fotografías, grababa video y recababa toda la información necesaria para realizar su trabajo en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en esa ciudad.

El comunicador publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica a la atención a la población maya de dicha comunidad por las autoridades estatales y municipales y posteriormente fue detenido y acusado del delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general, señaló la dependencia.

En la protesta participaron alrededor de 100 personas, algunos fueron detenidos y presentados ante las autoridades correspondientes; todo ello fue parte de la publicación de Pedro Celestino Canché, lo que habría derivado en su detención arbitraria.

Las autoridades nunca pudieron comprobar que el comunicador participó y mucho menos ordenó el bloqueo a las instalaciones de la Comisión de Agua, por lo que fue puesto en libertad.

En abril del año pasado la Fiscalía General ofreció una disculpa pública por el actuar de algunos servidores públicos y enfatizó su respeto a la libertad de expresión.