El Estado mexicano ha fracasado en la prevención del embarazo adolescente. En 2016 ocurrieron 2.3 millones de nacimientos en el país, de los cuales 7.3 por ciento (167 mil 900) se dieron entre niñas de 10 a 17 años de edad, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Esto, indicó, representa una tasa de maternidad de 8.5 por cada mil mujeres en el mismo rango de edad. Carecemos de políticas públicas efectivas y las bajas oportunidades de desarrollo han desencadenado la permanencia y el aumento de los embarazos de adolescentes en el país.

Los estados con mayores tasas de maternidad entre niñas y adolescentes son: Coahuila (con 12.9 casos por cada mil mujeres de entre 10 y 17 años de edad), Guerrero (11.8), Durango y Chiapas (11.5), Michoacán (10.1) y Tabasco (10.0).

Las entidades con menores tasas de maternidad infantil y juvenil son Ciudad de México (6.0), Baja California Sur (6.8), Nuevo León (7.0) y Querétaro (7.2).

Miles de niñas y adolescentes en nuestro país sobreviven solas a la desprotección que da lugar a los embarazos a edades tempranas; estos casos son discriminado socialmente,pero no se reconoce que la mayoría de ellos son resultado de abuso sexual, violación y aislamiento social, señaló.

La maternidad en mujeres adolescentes no es de ninguna manera elegida, por lo que los daños a su proyecto de vida y desarrollo metabólico son contrarios al ejercicio pleno de sus derechos humanos, refirió la Redim.

Datos recientes muestran que en 2014, en México la edad de ini-cio sexual de las mujeres fue de 17.6 años. Más grave, de aquellas que tuvieron su primera relación entre los 15 y 19 años, 44.9 por ciento estuvo expuesta a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual o embarazo al no usar ningún método anticonceptivo.

La Redim demandó al Estado mexicano reconocer los vacíos institucionales existentes en el país para prevenir y atender el em-barazo adolescente, especialmente en aquellas niñas de los sectores sociales más vulnerados en el ejercicio de sus derechos; actualizar los programas de prevención y atención a este fenómeno, desde el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos e impulsar la participación infantil y juvenil en el diseño de los programas de formación en la materia dentro del sistema educativo nacional.