Río de Janeiro.

El penúltimo general dictador de la larga noche de tinieblas vivida por Brasil entre 1974 y 1985, Ernesto Geisel, al igual que su sucesor, el también general João Baptista Figueiredo, autorizaron la ejecución de subversivos peligrosos. Fueron, pues, los responsables directos del asesinato o desaparición de al menos 89 brasileños entre dicho periodo.

Un informe enviado el 11 de abril de 1974 –un jueves– por el entonces director de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA), William Colby, al todopoderoso secretario de Estado Henry Kissinger, artífice, entre otras hazañas, del golpe que destituyó meses antes al presidente chileno Salvador Allende, dice con todas sus letras que en una reunión con Figueiredo, entonces jefe máximo de los servicios de inteligencia, y otros dos generales, que Geisel autorizó que el método (ejecución sumaria) fuera preservado como política de Estado.

Geisel hizo solamente dos recomendaciones: que las ejecuciones fueran aprobadas por Figueiredo y que sólo se asesinara a subversivos comprobadamente peligrosos.

Los detalles de la comunicación entre el director de la CIA y el secretario de Estado fueron divulgados el pasado jueves por Matias Spekctor, quien además de columnista del diario conservador Folha de Sao Paulo es un prestigiado investigador de la Fundación Getulio Vargas. Ha sido el documento secreto más perturbador que he leído en más de 20 años de investigación, aseveró Spektor.

En el oficio, enviado a Kissinger, Colby describe una reunión ocurrida poco antes, el 30 de marzo, 15 días después de que Ernesto Geisel llegó a la silla presidencial. Participaron otros tres generales que encabezaban el combate a la oposición a la dictadura: Milton Tavares de Souza, quien salía del Comando del Centro de Inteligencia del Ejército, y Confucio Danton de Paula Avelino, quien asumía el puesto, así como Figueiredo, jefe máximo del nefasto Servicio Nacional de Informaciones.

En ese encuentro, Tavares de Souza, en tono de despedida, informó a Geisel que en el periodo de su antecesor, el también general Emilio Médici, al menos 104 personas furon sumariamente ejecutadas por miembros del Centro de Inteligencia del ejército. Y, acto seguido, pidió autorización al nuevo mandatario para que las fuerzas armadas mantuvieran la política de exterminio de opositores.

Todo eso ocurrió un sábado y al final de la reunión Geisel pidió a sus subordinados pensar sobre el tema hasta el lunes.

Y el lunes primero de abril, cuando se cumplían 10 años de dictadura (curiosamente, es en Brasil el día de la mentira, o, como dicen en España, de los santos inocentes), Geisel dio su veredicto: tal política, efectivamente, debería continuar. Pero con un detalle: solamente subversivos peligrosos debían ser ejecutados. Determinó que todos los asesinatos serían previamente aprobados por Figueiredo.

El informe de Colby a Kissinger no deja lugar a dudas. Todo es minuciosamente detallado. Dos párrafos del documento –el primero y el quinto– siguen blindados, o sea, no han sido liberados.

Hace décadas, una de las más sólidas e icónicas figuras de la izquierda brasileña, Leonel Brizola, dijo que uno de los problemas de los golpistas latinoamericanos es que confían en la CIA. Se olvidan de que pasado algún tiempo sus archivos son abiertos y entonces salta todo lo podrido que hicieron.

La revelación del documento localizado por Spektor causó cierto revoltijo en Brasil. Curiosamente, los archivos ahora examinados estaban disponibles al público desde 2015.

De los países latinoamericanos que transitaron de dictaduras a democracias en años recientes, Brasil es el único donde ninguno de los agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad ha sido castigado. Sobran pruebas, pero la ley de amnistía promulgada en agosto de 1979, ya en el ocaso de la dictadura, por el entonces presidente Figueiredo –el general encargado de decir quiénes eran o no subversivos peligrosos aptos para ser ejecutados– asegura la inmunidad para los dos lados.

En el fondo, queda ahora claro, Figueiredo y su grupo decretaron una autoamnistía.

Hace ocho años la Corte Suprema de Brasil ratificó la ley de amnistía, o sea, la impunidad.

Todo eso salta ahora al ruedo en un momento en que Brasil vive un estado muy cercano al de la excepción, a raíz de un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. En semanas recientes se volvió a escuchar la voz fuerte de los cuarteles.

Con un presidente altamente impopular e impotente, al menos 70 oficiales del ejército, retirados y de las patentes más elevadas, se disponen a disputar cargos de diputados, además de gobiernos de varios estados y escaños en el Senado. Y el candidato mejor posicionado en las encuestas, a quien sólo supera Lula da Silva, cuya candidatura está prácticamente inviabilizada, es precisamente un capitán retirado, Jair Bolsonaro, quien además de excusar a la pasada dictadura también defiende la tortura.