Pobladores de El Contadero, en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México, reiteraron su rechazo a la construcción del nuevo hospital general de la demarcación debido a las violaciones a sus derechos colectivos, así como a delitos contra el medio ambiente y la salud y daños al erario. El pasado 23 de abril, el jefe de Gobierno de la ciudad, José Ramón Amieva Gálvez, anunció, junto con el titular de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina, Román Rosales, el reinicio del proyecto como consecuencia de la modificación del convenio por el que la Secretaría de Salud federal financia la obra con recursos del Seguro Popular. Ello permitiría disponer de 500 millones de pesos, según los funcionarios.

Bernar Flores Guerrero, de la organización no gubernamental Kosmo Publicus, declaró a La Jornada que “en uno de los cuatro amparos que interpuso el pueblo originario de El Contadero se registra que la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex) solicitó al gobierno capitalino el 17 de octubre de 2017 la ‘terminación anticipada’ del contrato debido a la afectación del cauce del río Tacubaya en el predio donde se realizaba la obra desde el 15 de diciembre de 2016, y no por falta de pago”.

Cinco días después de que el juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió otro amparo de El Contadero, el director general de Obras Públicas, César Alejandro Puente Guerrero, determinó la terminación anticipada del contrato. Ya antes, el 2 de enero de 2017, apenas iniciada la construcción del nuevo nosocomio (que sustituiría al que destruyó una explosión el 29 de enero de 2015), Prodemex solicitó su suspensión al Gobierno de la Ciudad de México, ya que no se contaba con el resolutivo de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). El 4 de enero de 2018, el director federal de Obras Públicas confirmó la suspensión en tanto no se cuente con ese documento.

De acuerdo con el resolutivo de impacto ambiental del 4 de abril de 2017, el director de Regulación Ambiental de la Sedema, el ingeniero Rubén Lazos Valencia, otorgó a la Sedesa, entonces a cargo de Armando Ahued, la autorización condicionada en materia de impacto ambiental y ordenó presentar la delimitación de la zona federal del río Tacubaya dentro del predio, por lo que Sedema prohibió la construcción mientras no se determinara la no afectación del río.

Ello no ocurrió, ya que la Comisión Nacional del Agua comprobó en junio de 2017 que el predio está afectado por el río Tacubaya en más de 860 metros cuadrados. En segundo lugar, el 4 de abril las obras ya se habían iniciado pese a que el 4 de enero se ordenó suspender la cimentación hasta contar con la autorización de impacto ambiental. Así lo confirmó el 1º de mayo de 2017 la Secretaría de Obras y Servicios, en ese entonces a cargo de Édgar Oswaldo Tungüí Rodríguez.

La Comisión Nacional del Agua comprobó en junio de 2017 que el predio donde se construye el nosocomio está afectado por el río Tacubaya en más de 860 metros cuadradosFoto Alfredo Domínguez

El abandono de la obra es evidente, como corroboró La Jornada. Si quedara duda de los trabajos que se realizaron de diciembre de 2016 a junio de 2017, insiste Flores Guerrero, “sólo habría que indagar las seis estimaciones autorizadas a Prodemex por un monto acumulado de casi 12 millones de pesos por el secretario de Obras y el director general de Obras Públicas para los trabajos de cimentación y armado de columnas del hospital, cuando el segundo ordenó en enero de 2017 la suspensión.

Debido a que la obra ha sido cuestionada ante el juez por pobladores de El Contadero y existen pruebas que comprometen a servidores públicos de los gobiernos federal y capitalino por los atropellos a sus derechos colectivos, medioambientales y de protección a la salud, los habitantes han presentado quejas ante las comisiones de derechos humanos Nacional y de la Ciudad de México.

El entrevistado añade que se dio vista a la Auditoría Superior de la Federación de posibles violaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa, a la Ley de Obra Pública Federal y las leyes ambientales, con agravio al erario público. Además, a consecuencia del reinicio de la obra anunciada el pasado 23 de abril por el nuevo jefe de Gobierno, Flores Guerrero solicitó por escrito a Amieva Gálvez; a su secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, y a los titulares de Salud y Obras y Servicios, con fundamento en el artículo primero de la Constitución, que se abstuvieran de seguir transgrediendo los derechos indígenas de El Contadero.

Ante las violaciones a los derechos humanos por funcionarios de la Ciudad de México, se demandó cancelar el proyecto de inversión Construcción y Equipamiento del Hospital General de Cuajimalpa ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También exigió la reparación de los daños. Al procurador ambiental y de ordenamiento territorial capitalino, Miguel Ángel Cancino, se le emplazó a garantizar los derechos de El Contadero y de los habitantes de la Ciudad de México, así como emitir una recomendación al gobierno capitalino para que renuncie a la construcción de dicho hospital dentro del pueblo originario.