Washington.

Tras resistirse durante semanas, el gobierno de Daniel Ortega accedió este lunes a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viaje a Nicaragua, condición que pusieron los sectores sociales que lideran las protestas contra el presidente para sentarse a dialogar.

“El gobierno de la República de Nicaragua da su anuencia para que en el menor tiempo posible la CIDH realice dicha visita de trabajo, con el objetivo de observar in loco la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua”, señaló el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta enviada al secretario ejecutivo de la comisión, el brasileño Paulo Abrao.

Horas después de conocerse la invitación formal, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció que el diálogo nacional comenzará este miércoles. La Iglesia católica, como mediadora, había dado de plazo al gobierno de Ortega hasta este lunes para cursar la invitación a la CIDH.

La fecha del inicio de la visita de la comisión aún no está fijada, pero se espera que sea pronto. Hoy y mañana vamos a reunirnos y prepararla, dijo Abrao a la agencia de noticias Dpa.

El anuncio del permiso para la entrada de la comisión a Nicaragua fue acogido con alegría y esperanza por varios organismos defensores de los derechos humanos del país centroamericano.

Confían en una profunda investigación de la violencia que se vive desde mediados de abril en el país, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de Ortega por una reforma de la seguridad social aprobada por decreto que afectaba a las pensiones. Más de 60 personas han muerto desde entonces.

La comisión había pedido en dos ocasiones la entrada en Nicaragua, en el contexto de esta crisis, pero Ortega se había resistido hasta ahora a dar luz verde.

Se tienen que investigar los hechos sangrientos ocurridos durante la protesta cívica y pacífica, y también se deben esclarecer todos los delitos y acciones que han quedado en la impunidad, vinculados con otros hechos de violencia en el país, manifestó en rueda de prensa en Managua Álvaro Leiva, directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos.

Leiva y Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, ambas instancias no gubernamentales, presentaron este lunes una lista actualizada que contabiliza 65 muertos y más de 500 heridos, de ellos 200 por impactos de bala.

También tenemos denuncias de gran cantidad de desaparecidos, de muchas personas que denuncian haber sido torturadas y otras que siguen detenidas, dijo Carmona.