diferencia de otras elecciones presidenciales recientes, el flujo de las encuestas de opinión ha sido generalmente aceptado, hasta ahora, por todos los sometidos a esos ejercicios numéricos. El impugnador histórico de tales procesos demoscópicos, Andrés Manuel López Obrador, no ha hablado de cuchareo ni de otras formas de adulteración, lo cual habría ido contra sus intereses, pues se ha mantenido como delantero en la competencia, con márgenes de distancia notablemente altos en relación con su principal perseguidor.

Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade, casi siempre colocados respectivamente en el segundo y el tercer lugar de esas encuestas, tampoco las han desacreditado y, de una manera que parece extrañamente civilizada, en el fragor de una batalla electoral muy pesada, han asumido sin chistar la supremacía del tabasqueño en esas estimaciones que en otras circunstancias podrían haber sido señaladas por el panista o el cuasipriísta como tramposas, mal hechas o puestas al servicio de quien las ordena.

El imperio de las presuntas encuestas (presuntas, en función de que no hay ningún sistema de verificación social de que realmente se realizan y que los datos consignados son reales) ha consolidado en la percepción colectiva la imagen de un López Obrador arrollador, imbatible. ¿Por qué el sistema ha permitido que las empresas de demoscopía hayan realizado hasta ahora una serie de presuntos estudios en los que invariablemente aparece López Obrador como puntero casi inalcanzable? En el manual del cinismo del sistema bien consignado está que, en política, siempre será barato todo aquello que se pueda comprar con dinero. Y a ese sistema le habría resultado muy barato orquestar desde hace meses una operación fraudulenta en el terreno de las encuestas, para dar paso a embestidas mayores contra el nativo de Macuspana.

En ese escenario, antaño impensado, de respetabilidad de las encuestas de opinión, han comenzado a generarse cambios. El panista inmobiliario, Ricardo Anaya, se va moviendo al alza, aún en términos modestos en comparación con la gran ventaja que conserva el ex priísta, ex perredista y ahora máximo jefe de Morena. Meade se mantiene en un lejano tercer lugar, explicablemente incapaz de emerger, pues el peso negativo de Enrique Peña Nieto y del PRI lo hunden.

Pero la suma de los activos demoscópicos de Anaya y Meade suelen equivaler al monto total de López Obrador. Nunca podrá darse una transferencia automática y neta de las tendencias electorales de dos personajes que acaban fundiéndose en una sola candidatura pero, en el papel, y conforme a algunas de las encuestas realizadas recientemente, el panista y el cuasipriísta, unidos, empatarían al morenista.

Si a ese licuado prianista se añadieran los exiguos números de Margarita Zavala (la realidad acabó colocando en su lugar político al calderonismo, con todo y proyecto conyugal), y los todavía menores del grotesco Jaime Rodríguez Calderón, la candidatura única del sistema, la que apelara al voto útil contra el lopezobradorismo, tendría mayor probabilidad de votos en favor que el actual rey de las plazas públicas. A una voltereta así, mucho ayudaría el juego de cifras que aportan las citadas firmas encuestadoras, hasta ahora validadas por la propia Morena, en cuanto le han favorecido.

Son varias las explicaciones técnicas extraoficiales respecto de las fallas bancarias relacionadas con el suministro, disponibilidad y manejo de fondos monetarios. El dato más preocupante se relaciona con el saqueo de entre 300 y 400 millones de pesos en abril, mediante un ataque cibernético que un banco ha reconocido y los demás no aceptan ni niegan. Además, se han reportado molestas trabas y largas tardanzas de usuarios de servicios bancarios para mover su dinero.

Aun cuando los primeros indicios apuntan hacia hackers interesados en la sustracción de dinero, ese tipo de problemas abonan el terreno de las especulaciones y las preocupaciones relacionadas con el difícil momento que vive el país en el terreno interno y en sus negociaciones internacionales y, desde luego, aunque no haya un solo asidero demostrado en ese sentido, con la circunstancia electoral.

El secretario de la defensa nacional, general Salvador Cienfuegos, ha dicho que toda transición democrática debe tener como objetivo supremo el progreso y el bienestar del pueblo de México. Sus palabras son irreprochables, imposible estar en contra de ellas, si se analizan con un sentido político general, histórico, más allá de las circunstancias de un momento específico.

Pero, en la coyuntura actual, las palabras del jefe operativo de las fuerzas armadas pueden tener más connotaciones de las que parecería en una primera lectura. En particular, si la luz que sobre ellas se arroje es la de la incomodidad acrecentada de una parte de la élite castrense respecto a Andrés Manuel López Obrador, el personaje que podría encabezar una alternancia de partidos y, eventualmente, una transición política.

Decir lo obvio, que una transición de ese tipo debería ser para bien, deja de ser una simple obviedad cuando las palabras se leen a la luz de los conflictos y querellas actuales. Más complicado resulta el escenario discursivo si el mencionado jefe militar defiende con especial denuedo la funcionalidad de la base aérea de Santa Lucía, a donde ese candidato de posible transición, AMLO, pretende trasladar el proyecto aeronáutico internacional hasta ahora desarrollado en Texcoco. En realidad, el general secretario le haría mucho bien a las instituciones, y al proceso electoral en curso, si sus discursos fueran cuidadosamente ajenos a interpretaciones coyunturales.

Y, mientras Nestora Salgado ha denunciado amenazas en su contra, en el contexto de su campaña por una senaduría a nombre de Morena, ¡hasta mañana, lamentando el fallecimiento de la doctora María Elena Meneses, especialista en medios de comunicación y comunicación digital, profesora de varias generaciones, analista honesta y bien fundamentada!

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