a semana pasada, el Estado mexicano una vez más dio muestra de autoritarismo. De manera nada casual, a un día de que sus funcionarios asistieran a una sesión más de la Comisión Interamericana de Derechos Hu­manos (CIDH), difundió su descalificación, dos me­ses después, al reporte Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU, con la participación directa de su oficina en México mediante su representante, Jan Jarab. El punto central del informe cuestionado es que se encontraron: fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.

El gobierno reprochó que la oficina de las Naciones Unidas se salió del acuerdo que rige sus actividades y afirmó que contiene conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones.

A ello se le respondió, desde Ginebra, ratificando el contenido del informe y su cuestionada metodología y señalando que conocieron en su momento de la intención gubernamental de dar por terminada la operación de su oficina en México. Reiteraron que seguirán cumpliendo con apego al respeto a los derechos humanos. El repudio nacional e internacional a la postura peñanietista, incluyendo al Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH sobre Ayotzinapa, llevó a que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, intentara minimizar las graves acusaciones contra la oficina de la ONU, señalando que simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe de la oficina, mantenemos todo el respeto para las Naciones Unidas.

Sólo recordemos que también en su momento, se descalificó al relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, quien dijo que esa era práctica generalizada en México, como se hizo con todos los señalamientos críticos del Alto Comisionado de la ONU previos a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Pese al escándalo del día anterior, durante la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa, realizada el 8 de mayo, en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados reiteraron que el gobierno busca cerrar el caso, ante lo que ve como riesgo electoral para la renovación de la Presidencia de la República. Señalaron cuatro elementos:

El rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la verdad histórica; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones, y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.

Cuánto simbolismo encierra la actual postura sistemática del Estado mexicano frente a las contundentes evidencias sobre su patrón de impunidad. No hay novedad en la descalificación a víctimas y a defensores de derechos humanos en el país, sí la hay en su abierto enfrentamiento con los espacios internacionales de derechos humanos, que coinciden y respaldan las denuncias nacionales. Ya se fueron los tiempos en que se afirmaba que México era candil de la calle y oscuridad de su casa. La política exterior era cuidada con cierto esmero y respaldada con hechos, de ello dan prueba los esfuerzos mediadores en Centroamérica, la recepción a los exiliados sudamericanos, incluso, aunque en menor medida, la de los refugiados guatemaltecos. Sin duda, estoy hablando de gobiernos priístas perpetuados y, sin embargo, el de Peña Nieto lo es. La diferencia está en que hoy la descomposición del Estado está tocando fondo: es explosiva la combinación de corrupción, delincuencia organizada, desapariciones forzadas, crímenes, la pauperización de amplios sectores de la población, la profundización de políticas extractivistas y el despojo; en fin, cierre del ciclo histórico que abrió el constituyente de 1917.

El modelo neoliberal no es compatible con la democracia, en todas sus formas, no sólo la llamada representativa, con el respeto a los derechos de los pueblos, vaya, con el derecho a la vida. Este último está en juego en el caso Ayotzinapa, pero no sólo ello, detrás está la cauda de procesos impunes, como el que cumple este año medio siglo y que también involucró a estudiantes. Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg. Vincula desapariciones, delincuencia organizada, complicidades y/o participación de policías locales y federales frente a un Ejército que se mantiene al margen de la investigación.

De todo ello dio cuenta en sus informes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por eso lo expulsó el peñanietismo. En julio el mecanismo de seguimiento de la CIDH dará su informe. ¿A quién?