Puebla, Pue.

Manuel Gaspar Rodríguez, defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular, que a su vez forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (Miocup–CNPA MN), fue asesinado la noche del lunes en Cuetzalan del Progreso.

La agrupación informó que el cuerpo del activista, quien ya había sido amenazado de muerte por defender el territorio de la Sierra Norte de Puebla contra proyectos mineros e hidroeléctricas, fue hallado en el motel Quetzal de esa localidad.

El Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y el Territorio, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE) y el Miocup-CPA MN condenaron el crimen y demandaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue a quienes tienen fuertes intereses económicos en proyectos extractivos.

Las tres organizaciones recordaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intentado criminalizar al Miocup-CPA MN y al Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), pues demandó ante la Procuraduría General de la República a representantes de ambas organizaciones.

Precisaron que entre los demandados se encontraba Gaspar Rodríguez, quien se oponía a la instalación de una línea de alta tensión en el entronque Teziutlán 2-Tajín, por considerar que afectaría el medio ambiente y a los pobladores de la Sierra Norte de Puebla.

Violeta Valdez, del CDHAE, y Alfredo Guerrero, del Miocup, condenaron que se filtraran a medios de comunicación fotografías de la escena del crimen e información que sugiere que el activista fue víctima de un conflicto personal.

Alfredo Guerrero señaló que desde 2014, luego del asesinato de Antonio Esteban Cruz, otro líder opositor a ese proyecto, la FGE fue informada de las amenazas en contra de Gaspar Rodríguez, pero no aplicó medida alguna para salvaguardar la vida del activista.

Las organizaciones exigieron a la FGE que garantice una investigación seria y efectiva, sin precalificar una línea de investigación; por lo contrario, debe indagar la participación de la víctima en la defensa de los derechos humanos y su oposición a proyectos extractivos.

También exigieron a las autoridades estatales y federales que intervengan para detener la creciente oleada de hostigamiento contra defensores de derechos humanos y del territorio en Cuetzalan, en especial a los del Miocup y del Cotic, a quienes la CFE denuncia sin razón, en una clara acción intimidatoria.