Los recientes amparos judiciales que consideran anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) son sumamente significativos. Si bien dichas sentencias no vincularán la decisión que sobre esta norma determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sí confirman la solidez de los argumentos de quienes advirtieron sus riesgos.

Así lo señalaron el colectivo #SeguridadSinGuerra y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al analizar los amparos y los argumentos esgrimidos por la jueza Karla María Macías Lovera y el juez Fernando Silva García, quienes concluyeron, en sendas sentencias, que varios artículos de la LSI contravienen la Constitución y tratados internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Los amparos, agregaron, también suponen un ejercicio valiente de la independencia judicial, de suerte que juzgadores de la primera instancia ponen el ejemplo a los ministros de la Corte; marcan el campo de la discusión jurídica sobre el tema, y alertan sobre los riesgos de la ley aprobada.

Para las organizaciones que forman el colectivo, las sentencias de amparo revelan que #SeguridadSinGuerra y quienes alertaron en torno a la LSI tenían la razón. No eran nuestras críticas ideológicas o por desconocimiento de la norma, por el contrario, estaban basadas en razones sólidas; tan es así que ya dos jueces federales las compartieron. También se demostró que el Poder Judicial de la Federación puede actuar de contrapeso a los excesos legislativos en la emisión de la LSI, avalados por el Ejecutivo federal.

Ambos jueces determinaron que la ley impugnada viola los artículos 14, 16, 29, 89 y 129 de la Constitución; además de tratados internacionales, como las sentencias contra México por abusos militares emitidas por la Corte Intermaricana de Derechos Humanos en los casos Cabrera y Montiel, y Radilla Pacheco; al igual que el informe del relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns.

Las organizaciones agregaron que los jueces “coinciden en que la sola entrada en vigor de la norma ya ha repercutido en violaciones a derechos humanos y que éstas tienen que ver con que la ley produce un efecto amedrentador al amenazar el estado de derecho.