La violencia continúa en una alarmante escalada en América Latina, y en México se expresa con la sistemática ocurrencia de la desaparición forzada, que es utilizada como uno de los mecanismos coercitivos y de control que ha provocado dolor e indignación en diversos sectores de la sociedad, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha.

Al dar la bienvenida al inicio de actividades en Ciudad de México por la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que concluye el 30 de mayo, Concha Malo señaló que dada la falta de acciones efectivas de autoridades e instituciones, los familiares y colectivos se han tenido que organizar para realizar la búsqueda de sus seres queridos y acompañar solidariamente a las víctimas en los procesos de exigencia de verdad y justicia.

Confió en que la ley en materia de desaparición forzada sirva como herramienta para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia, a la memoria y a la verdad, donde la voluntad política y la generación de diálogos integrales y fructíferos con las víctimas y las organizaciones sociales posibiliten la construcción de condiciones adecuadas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este crimen de lesa humanidad.

Las actividades por la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, organizadas por el Comité Cerezo, comenzaron con la conferencia El derecho a la verdad en los casos de desaparición forzada.

Carolina Robledo, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social –quien ha trabajado desde hace varios años el tema de desapariciones en el país–, aseveró que el derecho a la verdad es central en la discusión sobre la forma cómo deben ser enfrentados los crímenes atroces, especialmente en contextos donde se ejecutan de forma masiva.

Hizo un análisis de las fortalezas y los límites de las comisiones de la verdad contra la verdad judicial, y subrayó que en el tema de desaparición forzada el derecho a la verdad se traduce en al menos los siguientes elementos: reconocer que se trata de un fenómeno sistemático y generalizado; conocer el paradero de las personas desaparecidas; saber qué sucedió mediante un ejercicio de esclarecimiento de los hechos de identificación de los responsables; identificar el padrón de desapariciones forzadas, y que el Estado reconozca su responsabilidad.

Robledo citó varios elementos para hablar del acceso a la verdad y destacó que el ejercicio de construcción de ésta sólo es posible si hay garantías básicas de seguridad, de libertad de pensamiento y expresión. Y en México no estamos frente a ese panorama, concluyó.

Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, hizo un llamado de alerta ante la intención de las autoridades de diluir su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, pues se trata de un crimen cometido por agentes del Estado y como tal debe ser sancionado.