Managua.

El gobierno de Nicaragua se comprometió ayer a retirar de las calles a policías, fuerzas de choque y activistas sandinistas, como parte de una tregua por 48 horas acordada con los manifestantes, quienes comenzaron protestas hace un mes.

Esto ocurrió luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, exigió al presidente Daniel Ortega el cese de la represión de las protestas. Ello, en la primera declaración pública de una delegación que arribó al país.

El texto del acuerdo fue anunciado por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la conferencia espiscopal, al concluir la primera sesión de trabajo del diálogo nacional, instalado el pasado miércoles, del cual los obispos son mediadores. “Todos los sectores se comprometen a realizar una tregua el sábado 19 y domingo 20.

Por su parte, la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones para el diálogo, normalizar el tránsito y continuar (las conversaciones) en un mejor clima el lunes 21 mayo, agregó.

En su primera intervención, la misión de la CIDH, encabezada por la relatora especial de derechos humanos para Nicaragua, Antonia Urrejola, exigió a Managua tomar medidas urgentes para garantizar las libertades públicas.

El organismo reiteró su condena a las muertes, desapariciones y detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas y periodistas que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas, e instó a las autoridades a investigar esos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

La misión de la CIDH llegó el jueves a Managua tras obtener la anuencia de Ortega para realizar una visita de campo de cuatro días, con el fin de observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas.

Al tiempo que la CIDH realizaba su trabajo en el país, manifestantes protestaron en la capital, frente a la sede donde se realiza el diálogo nacional, y demandaron justicia para las víctimas de la violencia, y se registraron enfrentamientos entre policías antimotines y manifestantes en la norteña ciudad de Jinotega.

Tambiém hubo choques en otros puntos del país, pese al diálogo entre gobierno, estudiantes, empresarios y grupos de la sociedad civil, con mediación de la Iglesia católica.