A mes y medio de la elección federal, senadores del PRI y PT-Morena advirtieron que se debe frenar la violencia política que ha provocado, de septiembre pasado a la fecha, el asesinato de 88 candidatos, dirigentes, legisladores y funcionarios municipales.

Hay una omisión grave del gobierno federal, que no ha establecido una ruta para proteger a candidatos a puestos de elección popular y demás actores políticos, recalco Luis Humberto Fernández, senador morenista. A tan pocos días de la elección y con tantos muertos, se requiere pasar de las declaraciones a los hechos y garantizar la seguridad de quienes contienden y la gobernabilidad del país, insistió.

Señaló que el caso más reciente es el de José Remedios Aguirre Sánchez, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, en Guanajuato. Fue ultimado en el parque ecológico de esa ciudad, mientras llevaba a cabo un mitin, y con él son ya 21 aspirantes a cargos de elección popular asesinados desde que se inició el proceso electoral, en septiembre pasado.

El vicecoordinador del PT y Morena insistió: La respuesta de la Secretaría de Gobernación ante el incremento de la violencia política ha sido nula, se requiere implementar una ruta para frenarla.

Recuento

Por separado, Diva Hadamira Gastélum, senadora del PRI, resaltó también la urgencia de llevar a cabo acciones para proteger a quienes participan en el proceso electoral. Opinó que es preocupante el clima de violencia en algunas regiones del país, que ha ocasionado que decenas de candidatos a cargos de elección popular de diversos partidos hayan sido asesinados, del 8 de septiembre de 2017 a la fecha.

Expuso que, de acuerdo con un conteo realizado por Etellekt, consultora especializada en riesgos y políticas públicas, con los últimos asesinatos ocurridos el jueves 3 de mayo, han sido ultimados 21 precandidatos y cuatro candidatos, 15 ex alcaldes, 13 regidores, 12 militantes de partidos, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes partidistas, dos ex regidores, un síndico, un ex síndico, un diputado local y un ex diputado federal, resaltó.

El riesgo es constante, no sólo para los candidatos, sino para los militantes, para legisladores y funcionarios municipales, lo que constituye un grave problema para la vida democrática de México.

La legisladora priísta consideró, por ello, que es urgente poner en marcha las acciones necesarias para garantizar la protección de todos aquellos actores que participan en el marco de las elecciones del próximo primero de julio.