Juan Martín González Aguirre, director del penal estatal ubicado en el municipio conurbado de Aquiles Serdán, tramitó un amparo para evitar que sea arrestado por negarse a cumplir la orden de un juez federal de trasladar al Reclusorio Norte de Ciudad de México al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, y a dos coacusados de desviar 250 millones de pesos del erario estatal en la administración pasada.

González Aguirre ha acumulado multas por casi un millón de pesos al desacatar desde el mes pasado la orden del juez Gerardo Moreno García, sanción que el gobernador Javier Corral calificó de ilegal, excesiva y desmedida, especialmente la última por 403 mil pesos que se le impuso.

Aún más: por no acatar la solicitud que por sexta vez realiza Moreno García, de entregar a los ex funcionarios de la administración de César Duarte, Enrique Tarín y Gerardo Villegas, podría ser multado con otro medio millón de pesos.

Corral Jurado externó su apoyo al director del centro penitenciario y justificó la negativa a entregar a los detenidos, pues así lo determinó el juez de control local Alexis Ornelas, ya que enfrentan otros procesos penales del fuero común. Al ser el juzgador local quien giró primero las causas penales, ésta es la orden que tiene peso incluso sobre la del juez Moreno García, quien despacha en el Reclusorio Norte en Ciudad de México.

Se han impugnado las multas

A través del departamento jurídico de la Fiscalía General estatal, Juan Martín González Aguirre inició un procedimiento para impugnar las multas que se le impusieron por dificultar la atracción de las autoridades federales del caso de Gutiérrez Gutiérrez, preso en el penal de Aquiles Serdán.

Alejandro Gutiérrez Gómez, hijo del acusado, informó que el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal de Ciudad de México le concedió a su padre la suspensión provisional al recurso de amparo que interpuso en contra de su estancia en el penal de Aquiles Serdán, por lo que tuvo que haber sido puesto a disposición del juez federal Moreno García en la capital del país.

La resolución al amparo AI 412/2018-1 del 16 de mayo, señala que el gobernador y el director del Cereso, así como otras instancias, tenían un plazo de 24 horas para acatar el cumplimiento de la suspensión parcial que se le otorgó al quejoso.

La suspensión provisional fue otorgada para dar continuidad a la causa penal 24/2018 relativa al desvío de 25 millones de pesos que está radicada en Ciudad de México, por lo que el detenido se puso a disposición del juez local para dicho proceso y a cargo de la autoridad jurisdiccional de amparo en cuanto a su libertad personal.

Asimismo, se precisa que en caso de incumplir esta sentencia, las autoridades obligadas caerían en un desacato que implicaría la imposición de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días y la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de tres a nueve años.

Es una decisión que tiene el director del Cereso, ha impugnado las multas y ha presentado recursos, se ha amparado por estas desproporcionadas multas y las va a combatir jurídicamente; lo apoyaremos, confirmó el gobernador.