na cultura electoral basada en el respeto a la ley y la tolerancia, empieza a crecer en México, pero lo hace lenta y penosamente debido al poco respeto a la ley y a la competencia limpia. Existen muchos rasgos de salvajismo en la lucha por el poder.

Podría parecer que el término salvajismo es demasiado fuerte, pero en esencia existe y opera. El salvajismo, para Hobbes, estaba basado en la desconfianza entre los seres humanos y la constante disposición hacia la guerra. En México no aceptamos un poder común respetable para las partes involucradas. No se respeta ni la ley ni a los encargados de aplicarla. Los asesinatos de políticos en muchas partes del país son un índice de nuestro salvajismo. Según el cuarto informe de violencia política en México 2018, publicado por la agencia Etellekt y reproducido por Animal Político, han muerto 93 políticos y se han contabilizado más de 300 agresiones en contra de políticos y sus familiares. Los encuestadores, brigadistas, candidatos cuyo trabajo consiste en recorrer el territorio a pie, declaran: antes teníamos miedo de los perros, ahora tenemos miedo de acabar en una fosa (https://bit.ly/2IroFMU).

La agresión sangrienta no es la única forma de violencia. Actos y hechos de compra e inducción del voto también son violentos. Un ejemplo ilustrativo se da a la vista de todos en Ciudad de México. Los fondos del artículo 13 del decreto de presupuesto para la metrópoli debieron ser destinados preferentemente a la reparación de los daños causados por el sismo 19-S-17 y han sido utilizados para fomentar el clientelismo. Entrega de tablets, monederos electrónicos, botes de pintura, teléfonos, computadoras, despensas, tinacos, etcétera. Esto viola claramente la normativa electoral. En el Senado se presentó un exhorto a la Fepade para que investigue estos hechos, pero hasta el momento no hay indicios de una averiguación, ni mucho menos de una sanción contra los funcionarios responsables de estos desvíos.

Ante estos hechos no puede sorprendernos la desilusión ciudadana frente a la democracia que llega a representar más de 40 por ciento de la población, a la que no le importaría un régimen democrático o autoritario, según Latinobarómetro 2017.

La ausencia de cultura democrática, de reglas claras y respetadas no sólo pone en riesgo a los políticos, sino hace evidente que el estado de derecho es muy imperfecto y que en algunas regiones del país simplemente no existe como quedó asentado en el índice de estado de derecho 2017-2018 del World Justice Project (https://bit.ly/2E3fZJy). Las condiciones de salvajismo que aún prevalecen en México hacen muy difícil completar la transición a la democracia.

Colaboró: Mario Antonio Domínguez Muñoz

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