Toluca, Méx.

El Estado tiene que recuperar la rectoría del transporte público en la entidad, afirmó el secretario de Movilidad del gobierno mexiquense, Raymundo Martínez Carbajal, tras reiterar que se mantendrán las nuevas condiciones anunciadas por la autoridad para renovar las concesiones, entre ellas que los transportistas actualicen sus unidades, capaciten y certifiquen a sus operadores e instalen sistemas de seguridad en cada vehículo.

En entrevista, advirtió que la inconformidad de un grupo de transportistas –quienes el jueves pasado protestaron en la Ciudad de México– no se deben a los nuevos requisitos para el otorgamiento de concesiones, sino a que quieren evitar que la autoridad retome el control del sector y acabe con la ilegalidad en que han operado miles de unidades que enriquecen a muchos líderes.

En el estado de México existen 170 mil concesiones de transporte, pero se estima que operan sin permiso 70 mil unidades, toleradas y protegidas por liderazgos arcaicos.

De las 170 mil concesiones, 73 mil ya vencieron y 32 mil caducarán a finales de 2018. Para que los transportistas puedan renovar los títulos, deberán tener unidades de no más de 10 años, instalar botones de pánico y videocámaras de vigilancia, así como sistemas de geolocalización.

Estos dispositivos estarán conectados al centro de control y gestión de la Secretaría de Movilidad y al centro de mando de la Secretaría de Seguridad (C-5), para responder de inmediato en caso de emergencia.

El funcionario admitió que el servicio de transporte en el estado de México es deficiente. Hay caos y maltrato al usuario, pero lo más preocupante es que las unidades se han vuelto inseguras. Existen estudios que señalan que 40 por ciento de los delitos cometidos en la entidad ocurren a bordo de un autobús, un taxi o una miniván de pasajeros.

Hablamos de robo simple, robo con violencia, violaciones y hasta homicidios, sin dejar de mencionar el hostigamiento que sufren las mujeres, refirió.

A ese drama están expuestos más de 11 millones de mexiquenses que diariamente utilizan el servicio público de transporte. Por ello es urgente que cambiemos esta realidad, enfatizó.

Martínez Carbajal sostuvo que nada de lo que dice la gaceta (del gobierno estatal) del 20 de marzo (las nuevas disposiciones para renovar concesiones) es impuesto por la autoridad. Es un compromiso que asumieron y firmaron los transportistas en septiembre pasado, cuando se les autorizó un incremento de 25 por ciento al pasaje.

Subrayó que nadie está en contra de tener más seguridad y que algunas de las organizaciones y empresas que rechazan las nuevas disposiciones, ya tienen alguno de los equipos mencionados. Lo que no quieren es que los tengamos vigilados porque representa un control.

Las empresas y organizaciones de transporte público, recordó, tienen un año para cumplir las nuevas disposiciones y renovar la concesión; de lo contrario, perderán toda posibilidad de prestar el servicio.

El secretario señaló que la autoridad se ha fijado la meta de retirar a más tardar en año y medio todas las unidades irregulares.

A partir de esta semana, asegura Raymundo Martínez, con apoyo de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y algunos ayuntamientos mexiquenses se emprenderán “fuertes operaciones para retirar de la circulación todas las unidades ilegales.

Al principio sólo vamos a retirar la unidad de circulación, pero si reinciden vamos a dar vista al Ministerio Público, pues prestar el servicio con una unidad pirata es un delito tipificado en el Código Penal mexiquense.