Al menos 40 policías estatales y federales vigilan rancho de la familia LeBarón, señalan
Nos mandaron decir con reporteros que nuestras cabezas ya tenían precio
, afirma dirigente
Presentarán denuncia ante la Coidh, pues en ocho años autoridades mexicanas no han actuado
Martes 22 de mayo de 2018, p. 22
Ciudad Juárez, Chih.
La organización campesina El Barzón afirmó ayer que el gobierno estatal, a cargo del panista Javier Corral Jurado, protege
con 40 agentes de la policía estatal tierras de la familia LeBarón, que ha perforado pozos ilegales para el riego de sembradíos en zonas de veda.
El dirigente estatal de El Barzón, Heraclio Rodríguez, quien la víspera denunció amenazas de muerte de los LeBarón por encabezar las protestas de los ejidatarios, señaló que “los lebarones tienen protección de cerca de 40 policías estatales y federales en sus tierras”.
El Barzón presentará denuncias ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), porque desde hace más de ocho años han interpuesto querellas, sin que las atiendan autoridades estatales ni federales.
Manifestó que el problema no lo resolverá solo el gobierno de Chihuahua, sino que debe escalar al ámbito federal porque es un asunto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y ya es un conflicto entre el ejido de los barzonistas y la familia LeBarón.
Heraclio Rodríguez acusó a los productores de nuez de estar depredando los pozos mediante argucias leguleyas
, y solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar a Álex, Julián y Joel LeBarón, así como a la abogada Gisela Sánchez y al esposo de ésta, Raúl Aragón. La pareja, afirmó, envió mensajeros para amenazarlos. Nos dijeron que nuestras cabezas ya tenían precio. Pedimos a las autoridades intervenir lo más pronto posible
, expresó Rodríguez.
Advirtió además que las medidas cautelares que los protegían a él y a Martín Solís fueron retiradas, lo cual los pone en peligro. Nos mandaron decir con unos reporteros que nos iban a matar, que ya tenían precio nuestras cabezas, en especial la de Martín Solís y la mía
, dijo el también candidato a diputado federal por el partido Morena.
Los barzonistas recibieron las amenazas días después de un conflicto, suscitado a finales de abril y principios de mayo entre la familia LeBarón y campesinos del ejido Constitución, municipio de San Buenaventura, por la explotación ilegal de pozos.
En acuíferos que están en veda desde 1957, los LeBarón perforaron recientemente 10 pozos para abastecer el rancho La Mojina, en San Buenaventura, donde sembraron nogales, lo que ocasionó el descontento de pobladores del ejido Constitución, principal bastión barzonista.
Los LeBarón son propietarios de miles de hectáreas de una zona desértica que abarca territorios de los municipios de Villa Ahumada, Buenaventura y Flores Magón, donde presuntamente han perforado más de 2 mil pozos sin permiso de la Conagua; 395 han sido plenamente identificados por El Barzón.
Los agricultores aseguran que para obtener los permisos, la familia pagó sobornos que oscilan entre 10 mil y 25 mil dólares.
En 2017, inspectores de la Conagua informaron de la clausura de 280 pozos por falta de permisos y medidores; un año antes, 460 pozos fueron cerrados.
En los municipios de Delicias, El Sauz, Cuauhtémoc, Villa Ahumada, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes también se ha detectado perforación de pozos ilegales.
Según datos de la Conagua, de los 61 acuíferos que hay en la entidad, 14 están sobrexplotados por el crecimiento descontrolado de zonas agrícolas. Entre ellos están los llamados Laguna de Palomas, Los Juncos, Valle de Juárez, Jiménez-Camargo, Meoqui-Delicias, Chihuahua-Sacramento, Flores Magón-Villa Ahumada, Janos, El Sauz-Encinillas, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Buenaventura, Baja Babicora y Ascensión.
Hace cuatro años comuneros y ejidatarios de El Barzón enviaron a la delegación de la Conagua una solicitud para que inspeccionara los más de 2 mil pozos perforados en los siete años recientes sin la autorización de la dependencia.
El documento refiere que 2 mil 45 pozos son ilegales y que la mayoría se encuentra en zonas vedadas por la Federación desde mediados del siglo pasado; es decir, en áreas no aptas para aprovechamientos subterráneos.