Pita, pita y caminando
ajo la gestión de Aristóteles Núñez en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se llevó a cabo una licitación por 8 mil 500 millones de pesos para la integración de una plataforma de seguridad en aduanas que ha sido un fracaso.
El proyecto se inició en marzo de 2016 y ya debería estar funcionando en la mitad de las 49 aduanas del país. Ya van más de dos años, en los que se han gastado miles de millones de pesos, y las cerca de 15 mil cámaras, circuitos, sensores, cuartos de inteligencia y conectividad para automatizar los procesos brillan por su ausencia.
Quien maneja el contrato es Sixsigma Networks con el apoyo de IBM. Esta última empresa no participó de manera independiente, porque los acuerdos por abajo de la mesa que se llevan a cabo en México son penalizadas en Estados Unidos.
El Proyecto de Integración Aduanera (Pita) es muy importante para dar seguridad a nuestras fronteras, debido a que se transparentará el comercio exterior y permitirá la recaudación de cientos de millones de dólares que ahora se evaden. Pero también es importante porque registrará la entrada de armas y sustancias peligrosas que acaban en manos de grupos delictivos.
El problema es que por intereses poco claros se asignó el proyecto a una empresa que no cumple con las bases de la licitación ni cuenta con la tecnología adecuada. La empresa estadunidense GateKeepers Security, de Christopher Alexander Millar, proveedora de equipos de seguridad, ha informado al SAT que los sistemas que actualmente se instalan en las aduanas no corresponden con la calidad demandada y tiene prueba de ello en el registro de automóviles que pasan por la frontera.
Ante los incumplimientos de Sixsigma se presentaron demandas hasta llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la última instancia en el proceso. Esta instancia ya resolvió en contra de Sixsigma y exige acatar la sentencia.
El plazo para que el SAT cumpla ese mandato vence hoy, por lo que en horas veremos los resultados. Es posible que Osvaldo Santín, mandamás del SAT, dé largas al asunto y trate de heredar el problema a la siguiente administración. De ser el caso, es muy probable que algunos funcionarios públicos acaben en la cárcel.
