Río de Janeiro.

Al principio de la noche de este viernes de tensión máxima en Brasil, el presidente Michel Temer recibió un texto bastante breve para que lo firmara. Se trataba del decreto que implantó en el país, hasta el lunes 4 de junio, la Garantía de la Ley y el Orden.

Con eso, las fuerzas de seguridad, con especial relevancia del ejército, están autorizadas a actuar libremente en todo el territorio nacional en situaciones que atenten contra el orden público. Toca al mando militar definir cuáles son esas situaciones, a su libre albedrío.

El objetivo inicial de la medida es deshacer un paro de transportistas que desde el lunes pasado bloqueó carreteras en 25 estados brasileños, creando una situación crítica de desabasto en todo el país.

Tanto el paro de camioneros, que recuerda lo que antecedió en 1973 al derrocamiento de Salvador Allende en Chile y la instalación de Augusto Pinochet en el poder, como conceder carta blanca a los militares, sonaron a pésimo presagio en Brasil. Cuando un gobierno débil como el de Temer decide recurrir a la fuerza, aumenta el riesgo del caos y la convulsión.

La medida adoptada ayer es oriunda de los cuarteles, vía la acción coordinada por el general Sergio Echegoyen, responsable del gabinete de seguridad institucional, que, entre otras funciones, controla el servicio de inteligencia. El general viene de una familia de militares con amplia trayectoria durante la dictadura (1964-1985) y es considerado por sus pares como un duro-entre-duros.

El decreto tiene dos funciones. La primera y más inmediata es desobstruir las carreteras bloqueadas por piquetes de camioneros en un movimiento que alcanzó su auge el miércoles. La segunda es asegurar un paraguas protector a los militares, sean cuales sean y resulten en lo que resulten sus actos.

Decretos similares han sido bajados al menos 11 veces desde 1985, cuando los militares abandonaron el poder, pero jamás con alcance nacional.

Al principio de la noche de este viernes, el ministro de Seguridad Nacional, Raul Jungman, ex comunista convertido, anunció solemnemente que de las 938 barreras existentes en carreteras y vías expresas de 25 estados brasileños, 419 habían sido levantadas.

Lo que no dijo el ministro es que casi la mitad de ellas lo fueron por iniciativa de los mismos camioneros, para evitar enfrentamientos con el Ejército.

La adopción de la medida extrema ocurrió luego de que Michel Temer dio nutridas y robustas pruebas de absoluta incapacidad para hacer frente a una situación límite.

Un dato aclara el panorama del sector de combustibles en Brasil: a lo largo de los ocho años de Lula da Silva, hubo ocho aumentos de precios. En los dos años de Temer, 229. Eso: 229.

¿Por qué Lula y luego Dilma contuvieron los precios? Para no presionar la inflación e incentivar el crecimiento de la actividad económica. ¿Por qué con Temer se permitió una estampida absurda de aumentos? Para atender a los intereses de los mercados, tanto el local como el global.

Si con los gobiernos de Lula y Dilma el precio al consumidor era un instrumento para determinada política, con Temer se transformó en instrumento del mercado, en lo que el lucro prevalece absoluto.

La política adoptada por la todavía estatal Petrobras, de seguir día a día las oscilaciones del mercado internacional, ha sido desde siempre duramente contestada por los transportistas. Como en los últimos meses hubo 51 elevaciones, sin espacio alguno para negociar, la opción ha sido bloquear las carreteras y, con eso, literalmente paralizar el país.

A lo largo de cuatro días, de lunes a jueves, el gobierno se mostró atónito y sin norte alguno, mientras el desabasto se extendía a todos los sectores, de supermercados a los autobuses urbanos, pasando por escuelas que suspendieron las clases, hospitales donde se instaló un cuadro de emergencia extrema al faltar insumos básicos, en resumen, un caos total que alcanzó su auge cuando, al determinar la intervención de las fuerzas armadas, hubo que examinar cuáles instalaciones militares disponían de combustible para moverse.

El viernes, 11 aeropuertos, empezando por el de Brasilia, capital del país, ya no tenían cómo reabastecer aviones, lo que llevó a la suspensión de una significativa cantidad de vuelos.

El día anterior, tras una reunión de siete horas, ministros del gobierno de Temer y dirigentes de sindicatos patronales llegaron a un acuerdo confuso que, en términos concretos, significaría una rebaja de 35 centavos de real (10 centavos de dólar), 10 por ciento del precio del litro de gasoil.

Como Petrobras no acepta ser perjudicada, la diferencia saldrá de las arcas públicas para las de la empresa, provocando un agujero de al menos mil 500 millones de dólares en la cuenta fiscal este año.

Fragilidad oficial

Al negociar con dirigentes patronales, se evidenció que por detrás de los camioneros autónomos, que representan un tercio del total en actividad, estaban las empresas. O sea, lo que se dio ha sido más un lockout que un paro en moldes tradicionales. Tal acción es ilegal en Brasil, pero el gobierno de Temer, en el auge de su fragilidad, aceptó las condiciones.

Tan pronto se reunieron en la misma mesa con ministros y autoridades, los autónomos rechazaron los términos en debate y abandonaron el local, lo que ya presagiaba lo que ocurrió el viernes: nada cambió.

En Brasil, 67 por ciento de la carga es transportada por carretera, lo que hace que el poder de los gremios, tanto el patronal como el de los autónomos, sea especialmente significativo.

Un dato es preocupante: la cada vez más evidente falta de contacto de Temer con la realidad.

El mismo jueves, mientras la situación llegaba al borde del abismo y su gobierno era presionado, impotente, el presidente comparecía, en la provincia de Río de Janeiro, a una ceremonia de entrega de automóviles a algunos consejos tutelares de menores.

Sin pestañear, Temer afirmó a una platea atónita que aquel era el acontecimiento más relevante de la jornada. Sería el único brasileño a creer en sus palabras, si es que él mismo se las creía.