Integrantes de Morena iniciaron una campaña en redes sociales en defensa de Nestora Salgado, candidata plurinominal al Senado, y advirtiendo que el PRI quiere criminalizarla de nuevo con fines electorales.

Por separado, Pablo Gómez, abanderado a diputado federal de Morena, resaltó que la calumnia está prohibida en la propaganda que difunden los partidos y candidatos, conforme al apartado C del artículo 42 de la Constitución.

Dado que el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, habló en contra de Salgado en un debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, consideró que éste, aún sin queja, debió abrir un expediente para calificar la conducta del candidato del tricolor y proceder de acuerdo con la ley.

La acusación directa de Meade contra Salgado en el debate de Tijuana propagó una opinión que lesiona derechos de esta persona. Ella no está sometida a juicio, ni mucho menos ha sido declarada culpable. La libertad de difusión de opiniones establecida en el artículo séptimo de la Constitución no otorga cobertura al atrevimiento del candidato priísta, señaló Gómez.

Indicó que “no hay duda de que atacar a Nestora Salgado ha tenido el propósito de comprometer al candidato (presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia), Andrés Manuel López Obrador, presentarlo como alguien que arropa delincuentes. Mas la arrogancia de José Antonio Meade consiste en ubicarse a sí mismo como fiscal y juez.

Hasta hace poco se le había tenido sólo como un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido elegido para ningún cargo, pero su candidatura le ha transformado. Tenemos a un Meade que pronuncia sentencia condenatoria sobre un asunto que, además, con seguridad conoce superficialmente.

En la campaña de miembros de Morena se recuerda que Salgado fue detenida ilegalmente en 2013 por presunta delincuencia organizada y secuestro, de lo que fue declarada inocente. Luego que fue liberada en 2016. También se subraya que fue apoyada por múltiples organizaciones, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de Seattle y el Consejo de Trabajo del Estado de Washington.