n tanto el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantiene en jaque la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente Peña Nieto, los candidatos presidenciales Meade y Anaya, funcionarios e integrantes de organizaciones de agricultores empresariales y de productores rurales sostienen que su única propuesta para la agricultura es el libre comercio y censuran la autosuficiencia alimentaria como una política del pasado.

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), entre 1980 y 1982, se propuso lograr la autosuficiencia alimentaria, a partir de resucitar la producción de alimentos básicos y reducir la dependencia de importaciones. En esta política, los campesinos temporaleros fueron una pieza clave para impulsar la recuperación de la producción. El SAM es considerado como la única experiencia de planeación estratégica exitosa en la producción agrícola y la alimentación.

Los modernizadores actuales, al igual que los que promovieron en su momento el TLCAN en la agricultura como el único camino al progreso, de salida de la pobreza y de entrada al primer mundo, no han hecho un balance de los saldos de este modelo.

En la década de los ochenta del siglo pasado, México importaba sólo 10 por ciento de los alimentos que consumía, y cerca de 75 por ciento de ellos provenían de Estados Unidos, pero las políticas estructurales y la apertura comercial que el TLCAN garantiza han colocado al país en franca dependencia alimentaria. Actualmente, México importa 45 por ciento de los alimentos que consume y más de 70 por ciento proviene de Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que un país debe producir más de 75 por ciento de los alimentos que consume, para no ser vulnerable a los vaivenes de precios, las crisis económicas, las presiones políticas y la escasez.

La política agrícola que acompañó al TLCAN ha estado guiada por la reduccionista teoría de las ventajas comparativas según la cual resulta más barato comprar afuera la comida que se puede cultivar en el país. Así, el gobierno mexicano aceleró los plazos de la apertura comercial que protegía la producción interna, por ejemplo de maíz, sesgó los subsidios hacia los grandes productores empresariales, las agroindustrias y las comercializadoras transnacionales, desmanteló la planta productiva agrícola y eliminó sus propias funciones de regulación y fomento.

Los precios reales a los productores de granos básicos se redujeron a cerca de la mitad durante el periodo de transición del TLCAN y para el año 2007 se habían perdido 2 millones de empleos agrícolas directos. La agricultura campesina, sin regulación ni apoyos, con el mercado interno inundado de importaciones a precios dumping, no pudo sostener a los miembros de la familia que trabajaban en la unidad de producción, quienes engrosaron las filas de los jornaleros, migraron a las ciudades o a Estados Unidos.

Los campesinos pequeños, aunque debilitados al no poder reproducir la fuerza de trabajo familiar, se refugiaron sabiamente en el autoconsumo y mucha de su inversión provino de las remesas familiares de los migrantes que trabajan en Estados Unidos.

Los campesinos medios, que impulsaban procesos de organización para controlar las distintas fases del proceso productivo, no pudieron resistir la competencia trasnacional y la política anticampesina del gobierno y quebraron a manos de las comercializadoras y agroindustrias, o de los bancos. Sus organizaciones desaparecieron, perdieron su infraestructura, y en varios casos las regiones que ellos dinamizaban y protegían se convirtieron en bastiones del crimen organizado.

Mientras la población creció, la política de desaliento a la producción de los cultivos básicos provocó su estancamiento o disminución, aumentaron las importaciones y creció la dependencia alimentaria del país.

La producción de maíz es la única que ha aumentado, en el periodo del TLCAN. El año pasado se produjeron 27.4 millones de toneladas. Sin embargo, la demanda de maíz amarillo para la alimentación de vacas, cerdos y aves ha crecido a mayor velocidad y junto a la demanda de la industria almidonera se satisface con importaciones. En 2017 se importaron 15.3 millones de toneladas de maíz, cifra récord que equivale a 36 por ciento del consumo nacional de ese año.

Los promotores de las ventajas comparativas en la agricultura demuestran ignorar que la producción de hortofrutícolas, de la que depende el superávit comercial con Estados Unidos, y en la que México tiene ventajas comparativas, no compite, salvo algunas excepciones, con la superficie en la que se cultivan granos básicos. Los cultivos hortofrutícolas, considerados suntuarios porque son prescindibles, tienen barreras climáticas y de mercado que les impiden extenderse sobre los más de 13 millones de hectáreas cultivadas con granos básicos, por casi 4 millones de productores. La producción de aguacate, jitomate, pimiento, brócoli, otros vegetales, melones y todo tipo de moras, absorbe si acaso un millón de hectáreas, está controlada por unas 500 empresas, muchas de ellas extranjeras, y genera menos de un millón de empleos de pésima calidad.

Por si esto fuera poco, exportar hortofrutícolas no se contrapone a fomentar la producción interna de básicos e impulsar una política que tenga como base a los campesinos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)