El desigual nivel de desarrollo de los sistemas anticorrupción de las entidades federativas se refleja de manera directa en el presupuesto con el que cuentan, y una muestra de lo anterior es que la mitad de ellas no destinó un solo peso en este año para cumplir las labores que tiene encomendadas, de acuerdo con la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna).

En documentos de dicho organismo se consignó que 16 estados no tuvieron presupuesto asignado para ninguna actividad de sus sistemas locales, a pesar de que formalmente ya tienen algunas estructuras relacionadas con la lucha anticorrupción y han aprobado leyes relacionadas con la materia.

Las 16 entidades que no dedicaron recursos en 2018 a sus esquemas anticorrupción –de acuerdo con cifras al 31 de diciembre de 2017– son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En el estado de México, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán esta situación es especialmente llamativa, considerando que ya terminaron de instalar la estructura operativa local de sus sistemas, que consiste en comisión de selección, comité de participación ciudadana, comité coordinador y secretaría ejecutiva.

En cuanto a las entidades donde sí se asignó presupuesto, los estudios del Sesna también revelan que en muchos casos se trata de recursos insuficientes para realizar adecuadamente el trabajo que tienen encomendado.

Los cinco estados que más fondos destinaron fueron Nuevo León (67 millones 980 mil pesos), Jalisco (40 millones), la Ciudad de México (39 millones), Coahuila (35 millones 468 mil) y Michoacán (27 millones 967 mil pesos).

En contraposición, hay entidades que asignaron pocos recursos a todos los aspectos de su lucha institucional contra la corrupción. Algunos ejemplos son Baja California Sur (con sólo 2 millones 500 mil pesos), Colima (2 millones 600 mil), Querétaro (6 millones 84 mil 959), Quintana Roo (6 millones) y Guanajuato (7 millones 119 mil 47 pesos).

Lo anterior hace que el presupuesto per cápita (es decir, la relación entre el presupuesto asignado y el número de habitantes de cada entidad) también sea muy variable. Así, mientras en Nuevo León se gastan 12.82 pesos por cada habitante en labores anticorrupción y en Coahuila 11.58 pesos, hay estados como Baja California donde sólo se dedican 1.38 pesos, o Querétaro, con 2.91 pesos.