El gobierno mexicano investiga la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y el 16 de mayo pasados, hechos cometidos, presuntamente, por miembros de una fuerza de seguridad federal, según un informe presentado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Procederá, al margen de conocer el contenido oficial del documento, ante la posible constitución de hechos delictivos.

En un pronunciamiento conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores (SRE) notificaron que desde hace una semana la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tamaulipas, al tener conocimiento informal de los sucesos, abrió una carpeta de investigación y procederá jurídicamente contra quienes hubiesen cometido los delitos.

Gobernación trasladará a Nuevo Laredo al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, y a personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la institución para que in situ dialoguen con familiares y personas que puedan aportar elementos para verificar la información, dar protección y seguridad si así lo requieren los testigos y ayudar de manera pronta a las investigaciones que realiza la PGR.

Además, en respuesta al llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, a las autoridades mexicanas para poner en marcha medidas urgentes en torno al caso, la cancillería mexicana solicitó una reunión urgente para conocer con exactitud el contenido del informe.

El gobierno mexicano aclaró que cualquier información que emiten organismos internacionales sobre México se valora con absoluta seriedad y respeto, tomando medidas inmediatas, sin prejuzgar sobre las conclusiones que haya emitido el organismo internacional.

Señaló que la probable comisión de delitos o la respuesta de la autoridad a la inseguridad pública no puede hacerse al margen de la ley y, menos aún, cometiendo en sí mismo actos criminales.