El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un acuerdo para que todos los juzgados y tribunales no emitan resolución alguna relacionada con la Ley de Seguridad Interior hasta que el máximo tribunal dicte sentencia en los casos de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad que se han formulado contra esa legislación.

Hasta el momento, dos jueces federales ya han considerado que esa ley tiene fracciones violatorias de los derechos humanos, uno de ellos fue resuelto por la titular del juzgado noveno de distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, quien concedió el amparo 73/2018 al considerar que al menos siete artículos contradicen los principios constitucionales y de los derechos humanos.

El segundo fue concedido por el juez Fernando Silva, titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, al considerar que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior implica introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

Durante la sesión privada del pasado 28 de mayo, la SCJN determinó que es conveniente aplazar la resolución de los amparos en revisión que son del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito, en los que subsista el problema de constitucionalidad del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

En consecuencia, mientras la Corte no resuelva las controversias constitucionales presentadas contra la ley, ningún tribunal podrá resolver los amparos que se hayan presentado.

En el acuerdo se señala que las resoluciones que ya se han emitido y que se relacionan con un total de 13 juicios de amparo, ya fueron impugnadas y son del conocimiento de tribunales colegiados; sin embargo, también quedan pendientes de analizar, hasta que la Corte resuelva, otros aspectos de constitucionalidad.