Buenos Aires.

El presidente argentino, Mauricio Macri, vetó la ley aprobada por el Senado la madrugada de este jueves que permitía retrotraer las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017, y fijaba su precio al aumento salarial, ante la imposibilidad de pagarlas, misma que contaba con el apoyo de 85 por ciento de la población, echando leña al fuego de una protesta social que aumenta día a día con los sindicatos activando un paro nacional.

El debate fue duro y prolongado, en un ambiente de máxima tensión por el anuncio del mandatario de hace dos días que las fuerzas armadas intervendrán en apoyo logístico de las fuerzas de seguridad encargadas de la represión interior, lo que estaba prohibido, originando un vendaval de rechazos y protestas.

La imagen negativa del presidente sigue deteriorándose y la consultora Gustavo Córdoba y Asociados la situó en 63 por ciento; en cuanto a la economía el descrédito aumenta a más de 70 por ciento.

Se conoció este jueves que el mandatario ya tenía el decreto de veto preparado y viajó a Salta en el noroeste del país, donde se encontró con una fuerte protesta de pueblos originarios.

El Senado convirtió en ley la iniciativa turnada por la Cámara de Diputados con 37 votos en favor y 30 en contra. Esto, después de una escandalosa campaña oficial de chantajes a gobernadores y senadores de la oposición.

Por otra parte, en la noche del martes, el presidente convocó a una reunión a parte de su gabinete de defensa y seguridad para anunciar la necesidad de que se modifique el decreto 727 que establecía que las fuerzas armadas no pueden intervenir en seguridad interior. Todo esto en un contexto en el que se están conociendo las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que incluirá la rebaja de las jubilaciones, nuevos aumentos del dólar, la firma de negociaciones salariales (paritarias) a la baja y más tarifazos. No podemos permitir que la oposición y los gremios nos ganen la calle, dijo Macri, enojado por la evidente caída en las encuestas.

Respecto de la decisión sobre las fuerzas armadas, el periodista Alfredo Silleta sostiene que el argumento que los grandes medios aliados esgrimirán, es que se buscará liberar fuerzas de la policía y la gendarmería, y se refirió a una nota del periodista Carlos Pagni, de La Nación, que ya salió públicamente a decir que es ridículo que la Central Atucha sea custodiada por gendarmes cuando lo podría hacer el ejército.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió el peligro que significa esta medida: quieren volver a la teoría del enemigo interno, van a perturbar la paz.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, dijo que el gobierno está provocando un retroceso en toda la política de derechos humanos y de seguridad, y denunció que para cerrar el modelo neoliberal necesita de la represión.

Además, se refirió a la presencia militar extranjera en el país y a la urgente necesidad de rechazar todo lo que implique la violación abierta de las soberanía nacional, y los peligros que significa una ocupación militar.

Si algo faltaba en esta situación encrespada, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo en el contexto de las cada día más agudizadas diferencias con los docentes, que no entiende para qué existen 17 universidades en distintos lugares de la provincia si los pobres no llegan a este nivel escolar.

La respuesta de los estudiantes no se hizo esperar. Lo que quieren es cerrar todas las universidades y profesorados, tienen la mentalidad de los que están dispuestos a entregar el país, haciendo el trabajo sucio que significa destruir toda resistencia cultural y educativa, replicaron.

Una Marcha Federal de Trabajadores que recorrió el país y llegó a Buenos Aires y los llamados a cacerolazos masivos preanuncian una escalada de protestas y se teme por las nuevas medidas de represión que prepara el gobierno.