La Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, atrajo 20 carpetas de investigación, relacionadas con posibles desapariciones forzadas de 28 personas, en las que se denuncia la participación de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

El gobierno mexicano ha dado dos respuestas a lo señalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el sentido de que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se presenta una ola de desapariciones forzadas y existen fuertes indicios que habrían sido cometidas por fuerzas federales de seguridad, por lo que apremió a las autoridades nacionales a tomar medidas para poner fin a esos delitos.

Esta es la primera ocasión en que una parte del gobierno mexicano –la PGR– identifica a las autoridades presuntamente involucradas en la desaparición de personas denunciadas ante el organismo internacional, ya que en diversas partes de Tamaulipas la Semar ha desplegado a sus efectivos para tareas de seguridad y durante estas acciones se ha descubierto que los integrantes de grupos criminales utilizan prendas con la leyenda Marina o Semar, para suplantar a las autoridades y sorprender a los ciudadanos o integrantes de grupos antagónicos.

Hace tres días, el organismo internacional señaló que en México ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en ese municipio entre febrero y el 16 de mayo de este año; aunque una organización local de derechos humanos reportó al menos 40 casos en el mismo periodo.

En ese contexto, la PGR dio a conocer que tras los lamentables acontecimientos suscitados en los últimos meses en el estado de Tamaulipas, ejerció su facultad de atracción, y para ello la fiscalía especializada ha radicado las investigaciones y ordenado de manera inmediata acciones diligentes y concretas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y búsqueda con vida de las víctimas.

Asimismo, el Ministerio Público implementará medidas de protección que garanticen su seguridad y que les sea reconocida la calidad de víctimas a los familiares de las personas ­desaparecidas.

También se ha trazado un plan de investigación metodológico, atendiendo al análisis de contexto que impera en el estado de Tamaulipas, y se ha designado a un equipo experto de agentes del Ministerio Público, policías federales ministeriales y analistas, para que sean los encargados de dar seguimiento de manera coordinada a las investigaciones, indicó la Procuraduría General de la República.