El despido de Muna Dora Buchahin de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) genera muchas suspicacias por la posibilidad de que el criterio político de esta decisión haya estado por encima del supuesto conflicto de intereses por el que se señala a la funcionaria, indicó Luis Fernando Fernández, director ejecutivo del Movimiento Nosotrxs.

Como se informó el sábado en estas páginas, Buchahin –aún directora general de auditorías forenses de la ASF– anunció que había sido despedida de manera sorpresiva e improcedente por órdenes del nuevo titular del organismo, David Colmenares Páramo, pese a haber trabajado durante 13 años en la institución con pulcritud absoluta.

También recordó que su separación del cargo llegó tras haber dirigido varias auditorías donde se detectaron desvíos por 7 mil 700 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), donde aun están involucradas universidades y empresas fantasma.

Por su parte, la ASF respondió en una carta que Buchahin no había sido destituida por los resultados de las auditorías donde había participado, sino por el conflicto de intereses en que había incurrido por permitir que dos empresas que ella dirige o donde tiene un papel relevante le hayan dado capacitación a la propia ASF y otros organismos públicos.

Los señalamientos de desvíos de fondos en Sedesol y Sedatu por más de 7 mil 700 millones de pesos corresponden a las cuentas públicas de 2013 y 2014. En la revisión de la cuenta de 2016, se detectó que en Sedatu hubo nuevos desvíos por más de mil 700 millones de pesos, pero la dependencia tiene aún el año en curso para solventar esas irregularidades.

Sobre el tema, Luis Fernando Fernández opinó que en el cese de Buchahin hay dos factores que deben tomarse en cuenta, sin excluir la validez de ninguno: los hallazgos de los malos manejos en Sedatu y Sedesol –que involucran a Rosario Robles y al candidato presidencial priísta, José Antonio Meade– y el posible conflicto de intereses de la funcionaria.

El que el despido se haya dado cuando el trabajo de Buchahin hubiera podido afectar al PRI en la contienda electoral, lo único que hace es aumentar la suspicacia de que la decisión se haya decantado por el lado político.

Una de las primeras decisiones públicas de Colmenares Páramo, añadió el especialista, está relacionada justamente con el cese de una funcionaria que indagaba desvío de recursos, lo cual fortalece el argumento de la captura de la ASF por el Poder Ejecutivo.

Si efectivamente la Auditoría Superior toma decisiones con incentivos políticos, la captura se institucionaliza, se prueba como un hecho que el resto de las decisiones que tomará durante la gestión de Colmenares también serán políticas, y no basadas en la técnica y la objetividad, añadió Fernández.

Esta captura debe terminar. Hay cuotas que imponen a los institutos de transparencia, a la magistrados de tribunales, pero el trabajo de las instituciones debe estar regido por el mérito, la capacidad, y no por vínculos políticos, que es lo que vemos de forma repetida por todo el país y en todos los niveles de gobierno, lamentó.