levar agua al Valle de Guadalupe es una necesidad que nadie discute, sobre todo si se prevé usar agua reciclada que de otra manera terminaría en el mar. Sin embargo, la presente administración ha tenido tantas dificultades para controlar la deuda pública y para transparentar sus políticas en relación con el agua –ahí está la marcha atrás a la privatización del sistema hidráulico del estado, la planta desaladora de Rosarito y la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands– que todo proyecto causa suspicacias.

A ellas se suma la decisión del gobernador de no socializar (es decir, compartir con la población antes que intentar imponer) los grandes proyectos de infraestructura que comprometen a la población a pagarlos, ya sea mediante asociaciones públicas-privadas, fideicomisos o simplemente adquiriendo deuda pública directa.

Invertir en los valles de Ensenada –sin olvidar los ejidos que se asientan al sur, que reciben agua por tandeo y han sufrido años de sequía– es seguramente una de las acciones más rentables para un estado con una vocación turística anclada en el buen vino, pero insistir en manejar en la opacidad licitaciones que parecen a modo o no transparentar ante la opinión pública qué implica una obra, es seguir cojeando en materia de transparencia y avivar las voces de aquellos que, con todo derecho, suponen que detrás de la cortina no hay nada más que un buen negocio para algunos.