Ante el actual deterioro de la seguridad pública en el país, los servicios privados se han vuelto un negocio millonario, aprovechando regulaciones laxas y desconocimiento por parte de los clientes, lo que los pone en riesgo no sólo a ellos, sino al resto de los ciudadanos que pueden ser víctimas de escoltas no capacitados para realizar esa labor.

Tanto profesionales de la seguridad privada como académicos expertos en el tema coinciden en que el aumento de este fenómeno es producto del abandono del Estado a una de sus obligaciones principales, que es proteger a la población, pero también de la búsqueda de beneficios económicos por parte de quienes se encargan de rentar dichos servicios.

En México, de acuerdo con Julio César García, director de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG), uno de los problemas más graves en este ámbito es que para trabajar como custodio y manejar un arma de fuego únicamente hace falta tramitar una licencia ante el gobierno y pagar por ella, pero sin necesidad de demostrar realmente que se está preparado para dicha labor.

Apenas estamos en pláticas con la Comisión Nacional de Seguridad, porque se supone que a través de ellos se emitirá una certificación. Se pretende que exista una cédula profesional de escolta a escala nacional, pero ni ellos tienen claro cómo hacerlo, advirtió.

Lo único que existe por el momento, según García, es una licencia que está pensada más en hacer negocio, con la cual se puede trabajar si el interesado comprueba que tiene un mínimo de 16 horas de capacitación, cuando el entrenamiento básico de un escolta debería ser de al menos 140 horas.

Para el director de la SMG, un custodio debe ser meticuloso, detallista y observador, además de estar en buenas condiciones físicas y tener conocimientos de defensa personal, uso de arma de fuego, manejo a gran velocidad, pero de forma controlada, y hasta de primeros auxilios para su cliente y para él mismo.

El enfoque de un guardaespaldas, en suma, debe estar 95 por ciento enfocado en la prevención y sólo 5 por ciento en la reacción ante una posible ataque, pero en México suele ocurrir a la inversa.

El resultado de ello es que una gran cantidad de custodios ponen en riesgo a sus clientes al llamar la atención donde no deben, o golpean e intimidan a ciudadanos por órdenes de sus empleadores o por sobrerreaccionar a estímulos que interpretan mal.

El tema de la protección es tan delicado y especializado que no se puede poner a cualquiera, pero vivimos en uno de los países más corruptos, y si tu jefe tiene contactos para darte un permiso de portación de armas, ¿qué importa que no sepas usarla? Hay mucha gente que está siendo timada y que pone en riesgo a terceros, alerta.

El auge de los servicios de seguridad privada obedece al clima de inseguridad, señala García, pero también a que algunos funcionarios se benefician de su labor de contratar guardias o escoltas en empresas particulares, haciendo a un lado su obligación de capacitar a los cuerpos de seguridad pública.

La contratación de guardaespaldas sigue incrementándose año con año y existimos gracias a la ineptitud de las autoridades que no le brindan seguridad a la gente. Cuando la SMG empezó en 2007 había registro de 14 mil escoltas, y ahorita hay unos 35 mil en todo el país.

Crece industria del blindaje

El miedo también ha estimulado la industria del blindaje de automóviles en México. Gustavo Cárdenas, presidente del grupo RCE Holding, considera que estos servicios han crecido por lo menos 35 por ciento tan sólo este año con respecto al anterior.

Hoy día, la empresa que él dirige blinda alrededor de 145 autos al año, con un precio variable en función del tipo de vehículo del que se trate y del grado de protección, pero que puede ir de 28 mil a 65 mil dólares.

RCE Holding, explica, se dedica sobre todo a blindar vehículos tácticos de las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano, para que puedan resistir todo tipo de disparos de armas cortas y largas, pero también instala protección para autos particulares, la mayoría de ellos de empresarios o de personas de diversas ocupaciones que se sienten en riesgo.

Aunque celebra que la mayoría de las compañías de blindaje del país –alrededor de 70– están bien organizadas y sus responsables se conocen entre sí, Cárdenas afirma que el ambiente de inseguridad en el país que ha generado la demanda de sus servicios tiene que ver con la falta de capacitación de las fuerzas policiacas y del sistema de procuración de justicia en general.

En opinión de Lizbeth Padilla Sanabria, profesora-investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la raíz de esta demanda está a final de cuentas en la forma en que el Estado ha sido omiso en su deber de brindar seguridad a toda su población.

La seguridad privada definitivamente ha aumentado muchísimo, hasta 200 por ciento en los años recientes, y está muy por encima de la pública, y el hecho de tener inseguridad en varios estados implica una mayor alza de la demanda y un encarecimiento de la oferta. Al final del día, es un negociazo millonario, apunta la académica.

Todo ello, además, ocurre en un marco regulado con incentivos perversos, debido a que la Ley de Asociaciones Público-Privadas favorece que el Estado contrate con cada vez más frecuencia la prestación de servicios de seguridad que sustituyen a los que las autoridades deben garantizar.

Los riesgos son terribles, porque empresas grandes dan empleo a personas a las que les pagan cantidades mínimas, pero que con tal de mantener su trabajo hacen lo que sea. Si causan lesiones, pagan una multa y se van. En el Estado neoliberal, la violencia y la muerte producen capital y negocio, lamenta Padilla.