De 2017 a enero de 2018, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió 260 quejas por actos de discriminación en el ámbito laboral que implicaron la pérdida del empleo para el denunciante en empresas privadas; sin embargo, el organismo en el mismo periodo sólo emitió dos resoluciones favorables para los quejosos.

Estas cifras fueron dadas a conocer por el consejo vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). En el documento público se agrega que se resolvió a favor en otro caso que involucraba a una dependencia federal. En las resoluciones favorables las denunciantes son mujeres a quienes por su maternidad y condición de salud les solicitaron renunciar.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la falta de actuación del Conapred para prevenir y atender la discriminación en el país es tangible.

Armando Ocampo Zambrano, abogado que participa con diversas organizaciones para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (Lgbt), interpuso una queja en julio de 2016 ante Conapred por discriminación debido a su preferencia sexual.

Dijo que tras más de una década de trabajar para una firma de abogados le solicitaron su renuncia cuatro meses después de dar a conocer que se casaría con otro hombre, en julio de 2015.

Ocampo expresó que de manera abrupta le pidieron terminar la relación laboral bajo el argumento que en una sesión para votar si sería ascendido a socio imperó la negativa; sin embargo, no fue por razones relacionadas con sus capacidades como litigante, sino con temas como el dominio del inglés hasta temas personales de cada quien.

Aunque el abogado presentó audios donde constan estos comentarios, el Conapred resolvió en enero de 2017 que no se contó con los indicios o presunciones suficientes y razonables para que interviniera. Argumenta que en el caso de las grabaciones no se hace referencia a la preferencia sexual del quejoso y que él no tenía certeza de que sus compañeros tuvieran conocimiento de esa información.

Debido a lo anterior, Ocampo presentó una demanda de nulidad de la resolución del organismo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en marzo de 2017, y afirmó también que el Conapred alteró su expediente con las pruebas que la firma de abogados aportó sobre su desempeño profesional.

Discriminado por portar VIH

Otro caso es el de un sobrecargo, quien prefirió no revelar su identidad. Él presentó su queja ante el Conapred en febrero de 2018, luego de considerar que sufrió discriminación por parte de una aerolínea al no contratarlo por ser portador de VIH.

En entrevista, explicó que ante la falta de actuación del Conapred decidió cambiar la queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México, pues una vez presentado el caso le pidieron esperar siete días y transcurrido el tiempo me dicen que no han hecho nada. Un mes después, dijo, la situación había avanzado poco.

La Fundación Cuidado a la Salud por el Sida (AHF, por sus siglas en inglés), la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, coincidieron en que se requiere mayor actuación por parte del Conapred para atender la discriminación.

Francisco Robledo Sánchez, de la alianza, señaló que son necesarias leyes con dientes con las que se puedan establecer sanciones reales y no sólo recomendaciones, para que la efectividad de estas instituciones generen confianza en los ciudadanos para que puedan acercarse a ellas.

En el mismo sentido se manifestó Alejandra Oyosa Romero, de Equidad de Género, quien expuso que ante la falta de información y de atención adecuada las personas evitan denunciar ante organismos como el Conapred.

Patricia Campos, jefa de la oficina para América Latina y el Caribe de AHF, indicó que se requiere de un mayor presupuesto para atender la discriminación, sino se limita a un consejo nacional para poder ejercer las acciones y estar supervisando y vigilando que la ley se aplique.