no de los temas que enfrentará el próximo gobierno de la República es el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sea quien sea el que gane la Presidencia o la mayoría en la Cámara de Diputados, tendrá que definir con claridad su postura sobre el nivel de la inversión en estas áreas y su papel en el desarrollo futuro del país. Hasta ahora, alcanzar uno por ciento del producto interno bruto (PIB) ha sido la meta establecida en las leyes General de Educación y de Ciencia y Tecnología, aunque es un objetivo siempre postergado y un recordatorio vergonzoso de una obligación que no se cumple.

El licenciado Enrique Peña Nieto ofreció ese uno por ciento hace seis años como candidato electo. Todos entendimos (incluido el propio Peña) que se refería al gasto del gobierno federal en ciencia y tecnología. Luego la versión se cambió. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, doctor Enrique Cabrero, tuvo que salir a explicar que en realidad lo que quiso decir el Presidente era que se trataba de la meta para el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) integrado por la inversión gubernamental y la privada, algo muy extraño, pues nadie puede hacer una promesa transfiriendo la responsabilidad a otros. Ante el incumplimiento, la versión se tuvo que modificar de nuevo para decir que el anhelado uno por ciento en realidad era una meta aspiracional y ahí quedó todo.

Con los años esa meta, que era una recomendación de los organismos internacionales para los países como el nuestro, ha sido rebasada por la realidad, pues para naciones con un desarrollo intermedio, como al que aspira México, el gasto en ciencia y tecnología debería situarse hoy entre 1.5 y 2 por ciento del PIB, por lo que resulta hasta cierto punto absurdo mantener la idea del uno por ciento con todo y que ni eso se ha logrado.

Curiosamente, al poner en el centro al GIDE, en el que la proporción mayoritaria corresponde actualmente al gasto gubernamental (67.35 contra 20.67 por ciento de participación privada en 2016), se quiere dar la idea de que el gobierno ya ha cumplido con su parte y lo que hace falta es que las empresas incrementen su inversión, pues si eso ocurre, aumentaría el gasto total hasta alcanzar o rebasar uno por ciento del PIB y la participación gubernamental sería porcentualmente más moderada tal como ocurre en las naciones desarrolladas. Todo esto es falso, pues en México, por el modelo económico impuesto en el que el éxito de la actividad industrial no depende de la inversión en ciencia, el gasto privado se mueve muy lentamente, por lo que la aportación del gobierno en realidad es muy pobre y está muy por debajo de la que el país necesita.

En este sentido resulta muy interesante comparar las aportaciones del gobierno mexicano en ciencia con lo que gastan sus similares de otros países: en 2016 el gobierno de Estados Unidos gastó 149 mil millones de dólares en investigación y desarrollo experimental (que representó 24.04 por ciento del GIDE); el de Japón, 34 mil 180 millones (15.4 por ciento); el de Alemania, 35 mil 600 (27.81), y el de Francia, 17 mil 600 (34.59).

El panorama es muy distinto en Latinoamérica. En 2016 Brasil gastó 12 mil 900 millones de dólares (61.43 por ciento del total del GIDE) y el gasto del gobierno de México fue de apenas 6 mil 700 millones de dólares (que representó 67.35 por ciento del GIDE). Los anteriores son datos tomados del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2016 elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con excepción de Brasil que fue calculado a partir de los datos del Banco Mundial.

Lo anterior muestra que independientemente de la velocidad de crecimiento que adopte el gasto privado en ciencia y tecnología en los próximos años, la responsabilidad principal en el financiamiento de estas actividades corresponde al gobierno de la República. Más allá que plantearse un porcentaje del PIB como meta, lo que hay que lograr es un crecimiento sostenido en términos reales del gasto del gobierno federal en ciencia y tecnología que nos permita lograr el nivel más alto de este indicador en América Latina.