En una sentencia inédita, un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por varios de los detenidos como presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes han denunciado haber sido víctimas de tortura. Cabe aclarar que no se trata de procesos presentados por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Sobre las denuncias de malos tratos a los presuntos responsables, los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.

Con este fallo, se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar la verdad histórica.

El Poder Judicial de la Federación dio a conocer ayer esta resolución en la que por unanimidad los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez consideraron que las indagatorias del caso, dirigidas por la PGR, son irregulares y no han cumplido con los requerimientos de prontitud, efectividad, independencia e imparcialidad, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

Tortura a detenidos

Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, señaló.

Esta comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación. Los magistrados determinaron que serán los dos primeros los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales, defensoras de las garantías fundamentales.

Exhortaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a girar instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el contexto de sus respectivas atribuciones, presten el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión para lograr su cometido.

El fallo de los magistrados hace énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación, por lo que llaman a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. Y es que se obtuvieron declaraciones mediante coacción y las alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente.

En los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia se apuntó lo siguiente: La investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan y “…de esta manera, al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

En cuanto a la parcialidad y autonomía con la que debe actuar la PGR, los colegiados indicaron, entre otras observaciones, que no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación de personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina.

Recomendaron que se abra un nuevo periodo de participación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque originalmente se había acordaron que su mandato podría extenderse el tiempo necesario hasta conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas, de lo que a la fecha no existe plena certeza.

Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió, hace más de un año, no extender las opciones para que esta instancia continuara sus labores.