Senadoras del Partido Acción Nacional demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) no obstruir las investigaciones y procesos judiciales contra el ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores y cooperar con la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas sin dilación alguna.

Las senadoras del blanquiazul Adriana Dávila, Andrea García y Sandra Luz García solicitaron que el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y el subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Salas, garanticen el derecho de acceso a la justicia y la reparación del daño en todas las causas penales y de extradición contra el ex gobernador de esa entidad.

Argumentan las legisladoras que sistemáticamente, sin fundamento y motivación suficiente, la PGR se ha negado a colabo-rar con la Fiscalía Anticorrupción del estado en las investi-gaciones contra el ex mandatario detenido, cuestión que ha dilatado y obstruido las investigaciones del Ministerio Público local, en clara contravención a la Constitución, leyes nacionales y convenios vigentes.

A través de un punto de acuerdo, las legisladoras recordaron que entre 2005 y 2010, Eugenio Hernández Flores, entonces gobernador constitucional de Tamaulipas, realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita e incurrió en actos de corrupción y desvíos de recursos contra la hacienda pública estatal y federal por más de 30 millones de dólares, de acuerdo con autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

Las senadoras panistas refieren en su punto de acuerdo que el pasado 15 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición de Eugenio Hernández para enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude en una corte federal de los Estados Unidos. Sin embargo, el caso se encuentra en amparo y su eventual extradición podría tomar meses, o no llevarse a cabo nunca.

Destacan que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas tiene abiertas carpetas de investigación contra el ex gobernador en las que se le acusa de diversos desfalcos a la hacienda pública estatal, así como actos de corrupción. Derivado de dichas investigaciones, el gobierno y la procuraduría del estado han acudido a la PGR en al menos 11 ocasiones para solicitar la colaboración del Ministerio Público federal con el fin de intercambiar datos so-bre las actividades criminales del ex gobernador.