El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió sentencia favorable al neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira, por lo cual debe ser reintegrado a su puesto como médico especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNNMVS).

Además, queda sin efecto la inhabilitación de 10 años y el pago de una multa por 190 mil pesos. Las sanciones fueron impuestas por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto el 31 de octubre de 2017, supuestamente porque el especialista no asistió a su lugar de trabajo entre el 2 de marzo y el 12 de mayo de 2017.

Lo anterior, no obstante que el neurocirujano presentó varias pruebas de lo contrario. Entre otras, acreditó, con sus recibos de nómina correspondientes a ese periodo, que recibió su salario íntegro, es decir, sin ningún descuento por faltas.

En cambio, señaló, la decisión de rescindir su contrato se dio luego de varios meses en que fue víctima de hostigamiento laboral, como el hecho de que no se le permitiera firmar las listas de asistencia.

Ondarza señaló en su denuncia ante el TFJA que también se le negó el derecho a tomar sus vacaciones en 2016. De este proceso destaca que el OIC del instituto omitió responder a la demanda interpuesta por el médico en contra de las sanciones, lo cual para el especialista es parte de la hostilidad de que ha sido víctima en su centro de trabajo.

Recordó que el origen del conflicto con las diferentes autoridades que ha tenido el instituto es la denuncia que desde hace más de 10 años ha hecho por la utilización de un sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo, el cual se colocó en 474 pacientes, según reconoció la Secretaría de Salud en un informe enviado al Congreso de la Unión.

En su denuncia contra lo que Ondarza llama crimen de lesa humanidad resalta que no se cumplió con los requisitos médicos y de investigación científica, pues no se obtuvo el consentimiento informado de los pacientes, a los que tampoco se les dijo que serían parte de una investigación a cargo de Julio Sotelo Morales.

El caso se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también se ha señalado que no se cumplieron los protocolos de investigación, ni se tuvo el aval de comités de investigación y bioética.

Se suponía que el dispositivo les ayudaría a controlar la acumulación de líquido en el cerebro (hidrocefalia), pero en realidad les causó severas lesiones neurológicas y en algunos casos, la muerte.

Como consecuencia de esta denuncia que Ondarza llevó ante diversas instancias nacionales, antes de la CIDH, fue destituido por primera vez en el INNNMVS en noviembre de 2006. Después de un juicio laboral, la autoridad emitió un laudo a su favor, por lo que fue restituido en su puesto de médico especialista, lo que ahora volverá a ocurrir.