ientras temas como el salario o su compensación monetaria gratuita al ciudadano son cotidianos en los discursos de los candidatos presidenciales; mientras se hacen canciones con las frases menos afortunadas del 2º debate presidencial; mientras los ataques directos, muchos sin algún tipo de respaldo probatorio, aumentan entre candidatos, el tema de las condiciones del Poder Judicial parece no existir.

Cuando los candidatos hablan de distintas visiones de país, se olvida que un aspecto esencial es la forma de dirimir controversias: cómo se constituye el Poder Judicial. En un país donde se amnistía a delincuentes, este Poder sobra o debe sujetarse a los dictados del Ejecutivo, vuelto en único Poder, como sucedió en el esplendor del presidencialismo mexicano. Hoy, ante el contrapeso que supone una Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver controversias constitucionales o dictar resoluciones de amparo de amplio alcance, apenas parece importante mencionar, por ejemplo, los mecanismos de elección de los ministros de la Suprema Corte: si responden a una necesidad social de participación ciudadana. Tampoco se habla de los Consejos de la Judicatura, cuando deberían ser parte del debate. La forma en que se nombran, ratifican y adscriben jueces y magistrados es primordial. Casos estatales donde los primeros son por concurso y los segundos por mecanismos políticos es contrastante. La obligación ratificatoria reiterada para los jueces en varios Poderes Judiciales locales se traduce en una menor independencia judicial, por estar sujetos a los vaivenes de la política; a diferencia de la Judicatura Federal, donde basta ser ratificado a los seis años del nombramiento para laborar hasta el retiro obligatorio a los 75 años, a menos que el Consejo de determine lo contrario en un procedimiento administrativo para separar al titular. El papel de las escuelas judiciales, los institutos de la judicatura federal y estatales, también debe replantearse. En muchos países del mundo se hacen cursos de varios años para poder acceder en directo al cargo de juez, en México no. La necesidad de hacer exámenes para este encargo está sustentada en la dificultad de evaluar los conocimientos de los candidatos, de ahí la opción de hacer estos cursos; pero cuando el juzgador ha laborado varios años en el cargo, es muy fácil evaluar su trabajo con las visitas semestrales y anuales de revisión, con el análisis de la calidad de sus sentencias, con los estudios y publicaciones logrados, entre otros. Resulta desalentador para los jueces que, después de décadas de laborar esforzadamente, deban realizar un nuevo examen para el cargo siguiente: en la Judicatura Federal, son muchos los concursos para magistrados donde ni siquiera finalizan el número de concursantes para ocupar todas las plazas concursadas. La opción de concursar plazas específicas podría alentar la participación de los jueces en los concursos. El federalismo judicial flota en la discusión académica regularmente, pero no en el debate presidencial.

Los trabajadores judiciales, secretarios y mecanógrafos, tienen un papel que se olvida en el análisis de la función judicial. ¿Qué excelencia en el desempeño puede tener un titular que no puede reprender al secretario que hace mal su trabajo o al oficial judicial que es incapaz de llevar los oficios o de hacer la captura del expediente electrónico? ¿Cómo justificar resoluciones judiciales locales hechas para salir del paso, en espera de que los magistrados federales hagan el estudio de fondo, generalmente meses o años después?

Aspectos administrativos, como el uso de libros de gobierno, ni siquiera se plantean en el discurso de los candidatos. Muchas oficinas judiciales deben aligerar la carga estructural. Los miles de libros de gobierno y agendas que se llenan para control interno de juzgados y tribunales alcanzan miles de toneladas en todo el país. Más allá del espacio que se ocupa innecesariamente, si se consideran los muchos registros electrónicos ya existentes desde hace décadas, son muchas horas de trabajo para llenarlos cuando eso mismo ya lo hizo el capturista. ¿Por qué continuar consumiendo millones de toneladas de papel en esos registros que pueden tenerse en memorias electrónicas o discos compactos? Si el Poder Judicial lograra reducir el consumo de papel que hace todos los días, estaríamos ante otro tipo de clima si eso se tradujera en mejores aprovechamientos forestales. Y eso, por supuesto que debe ser tema de debate electoral. El Poder Judicial es, al final, un órgano más del estado mexicano y su funcionamiento impacta en todas las áreas de la vida nacional.

La unificación de criterios judiciales y su implementación en la ejecución real de las sentencias impacta en temas de política económica y de inversión. Los organismos internacionales que evalúan al país tienen en mente la función judicial y su rendimiento. Actualizarlo en todos los aspectos llevará a una mejor calificación internacional en cuanto a confiabilidad para invertir y ser sujeto de crédito, como país.

Quizá la parte más importante en el debate es el análisis del impacto social de los órganos judiciales. Ni al interior de los Consejos de la Judicatura ni en la selección de magistrados y ministros cuando son elegidos por medios políticos (el senado o las legislaturas locales) se ponderan las consecuencias sociales de las actuaciones del aspirante y menos se verifican cómo impactan las resoluciones judiciales en una sociedad que cada vez tiene menos opciones para la resolución de sus conflictos. La necesidad de empatar la justicia con la legalidad debería ser un punto central del debate político, no sólo en periodos electorales, sino en la continuidad de un proyecto de Nación que parece no funcionar para millones de mexicanos carentes de lo más básico.