La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja de oficio por la contingencia ambiental que se declaró el miércoles para averiguar qué está pasando y qué tanto impacto ha tenido con relación al cierre de los verificentros, informó su presidenta, Nashieli Ramírez.

En la presentación del estudio Los combustibles y la calidad del aire en México, precisó que se iniciará una investigación del caso por el riesgo del uso de etanol como oxigenante en las gasolinas y por las afectaciones indirectas al derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal.

Dicha línea inicial podría recalificarse más adelante, ampliando las violaciones que se encuentren, se determine qué tanto la autoridad tenía que haber hecho para evitar la contingencia ambiental y qué tanto compensa los efectos de decretarla, pues viola un derecho humano.

La verificación vehicular no es lo todo que se tiene que hacer, pues se trata de una acción reactiva hacia un fenómeno relacionado con el tipo de gasolinas y el incremento del uso del automóvil. Si depositamos en éstos la calidad del aire de la ciudad o la disminución del ozono, nos estamos equivocando, expuso.

Con la nueva verificación, consideró, el parque vehicular podría crecer, porque nada más haces una acción que no está incluida en una política pública integral, aunque el alza en la gasolina ha favorecido, paradójicamente, una disminución en el uso del automóvil.

La CDHDF documentó 32 quejas presentadas de 2010 a 2016 por afectaciones a la calidad del aire por el humo de incendios, quema clandestina de plástico o residuos sólidos, malos olores de rastros clandestinos y acumulación irregular de residuos.

En dicho lapso hubo 37 quejas por la implementación de medidas que significaron restricción de circulación o el cobro de impuestos, y se interpusieron siete quejas colectivas con alrededor de mil 200 personas peticionarias en contra del transporte escolar obligatorio.

En relación con los programas de verificación vehicular y Hoy no circula se abrieron cinco expedientes que conjuntaban a 900 personas, pero no ha habido una recomendación, pues no se tiene información precisa de lo que implican las contingencias.

La contaminación ambiental es una violación a los derechos humanos, que se agrava si no se adoptan medidas eficaces, y toca al Estado proteger, preservar y mejorar la calidad del aire, puntualizó.