En agosto de 2013, 48 personas, entre ellas siete mujeres, acusaron ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero a la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, de secuestro agravado, privación de la libertad y hasta de homicidio. Todos habían sido detenidos en distintos sitios, en diferentes fechas, y consignados por diversas infracciones y delitos bajo el sistema de justicia comunitario, vigente en la constitución del estado.

Dos años y siete meses después, luego de un largo proceso judicial que incluyó desahogo de pruebas, audiencias y apelaciones, los jueces que llevaron el caso sostuvieron que estos delitos no tenían sustento y no se acreditaron. En 14 ocasiones, los acusadores fueron citados a audiencias por las autoridades para ratificar los cargos. Nunca acudieron. Ni uno solo. Al final, los jueces dictaron el auto de libertad para Nestora Salgado.

Solamente una joven, Dulce Rubí Burgos, y un ex síndico de Olinalá, Armando Patrón, procesado por robo de ganado y asesinato, mantienen sus denuncias, pero no ante los tribunales, sino ante los medios de comunicación. A ambos les patrocina su defensa la directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

A la mayoría de los que me acusaron nunca los vi ni me vieron; nunca firmé ningún oficio relacionado con ellos, nunca tuve que ver nada con las causas de su arresto. Fueron detenidos por otros policías comunitarios en lugares donde yo no tengo jurisdicción. Fueron juzgados por la Asamblea Comunitaria en alguno de los más de 100 pueblos en 12 municipios que se rigen por el sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Fueron recluidos en las Casas de Justicia donde yo no tengo autoridad. Yo sólo tenía el mando de la policía en Olinalá.

¡Secuestradora!

Una vez libre, la guerrerense, madre de tres hijas y abuela de varios pequeños, decidió continuar con lo que llama mi compromiso y mi lucha. Y vio la oportunidad cuando Morena le propuso contender en la lista plurinominal para el Senado.

De repente, tuvo que suspender su campaña y su vida normal para enfocar su atención, una vez más, a defenderse de lo que llama una fabricación en la que participa todo el Estado.

Declara que ha decidido no ver más la televisión: No se imaginan lo que es que todo el día repitan en los medios ¡secuestradora! Hay a quienes esa presión puede desmoronar. A mí no. Yo sé quién soy. Nunca jamás he secuestrado a nadie, no he matado a nadie. En mi expediente no hay víctimas. Lo que yo hice fue cumplir con mis obligaciones como policía comunitaria.

Salgado está ahora enfrascada en una nueva batalla legal, defendiéndose ante el expediente reactivado. También libra otra batalla: la de la narrativa de su historia. Desde la casa de campaña de José Antonio Meade y desde las oficinas del ex fiscal guerrerense Iñaki Blanco (el mismo que tuvo que renunciar al cargo por la forma en que encaró la crisis de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa) se divulga la versión de una mujer desalmada, criminal. Desde el movimiento popular de su región y desde el frente de las organizaciones de derechos humanos se defiende su libertad, su dignidad y su derecho a participar políticamente.

–¿Quién tiene la verdad?

–Yo no tengo dudas. Aquello es una mentira enorme. ¿Por qué tanta saña conmigo? Tal vez porque me les rebelé siendo mujer; por el mensaje que mandé a las mujeres, porque les llegué al corazón cuando les pedí que salieran a defender a sus hijos y no se acobardaran.

–¿En qué momento se torció la historia de la popular comandante de la PC de Olinalá?

Nestora ubica ese momento cuando el ex gobernador Ángel Aguirre, también forzado a renunciar por el caso Ayotzinapa, preparaba su ruptura con la CRAC y utilizó un juicio de la coordinadora en la que ella intervino y que incomodó al entonces presidente municipal de Olinalá, Eusebio González, priísta.

Ella lo refiere así: en junio de 2013, a petición de las madres de cuatro muchachas, dos de ellas menores de edad en ese momento, se acordó internarlas en una Casa de Justicia Espino Blanco para su reducación. Son Yesenia Castillo, Betzabé Ruby y Guadalupe Baltazar Sosa, así como Dulce Rubí Burgos. La medida se tomó a petición de las madres, ya que las chicas solían ausentarse de sus casas y convivían con jóvenes identificados como narcomenudistas y relacionados con una red de trata. Nestora sospecha que el alcalde Eusebio González estaba involucrado en esa red.

González tiene un antecedente. En las declaraciones ministeriales de María de los Ángeles Pineda, esposa del ex presidente municipal de Iguala, ambos presos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ella lo identifica como uno de los alcaldes de la región vinculados con el crimen organizado, en este caso con Guerreros Unidos. González fue diputado local y ahora figura en la lista de candidatos a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Días después, él las convenció y las llevó a Chilpancingo para que declararan ante el Ministerio Público, acusándome de secuestro. Estas demandas sirvieron para que dos meses después, entre el 21 y el 23 de agosto, en un operativo conjunto en el que participó la Policía Federal, el Ejército y la Marina se emprendiera la mayor ofensiva contra la policía comunitaria. Se allanaron comandancias y Casas de Justicia en media docena de pueblos y fueron detenidas cerca de 50 personas de distinto rango de la CRAC-PC. Salgado entre ellos.

A todos se les imputaron los mismos delitos. Y casi todos quedaron en libertad muy pronto. El único expediente que quedó a reserva de ley es el de Nestora Salgado.

¿Una jaula?

El domingo pasado, como la nota sobre Nestora había decaído de las primeras planas, el candidato a la Presidencia por el PRI, José Antonio Meade, volvió a la carga en Twitter. “Yo invito a Andrés (Manuel López Obrador) a que revise… las declaraciones de las víctimas”. Y cita: Durante su retención en la Casa de Justicia El Paraíso, la víctima permaneció en un cuarto obscuro (...) fue golpeada con las culatas de las armas, la castigaron por un mes sin salir al sol, les daban de comer frijol crudo con arroz y tortillas en descomposición.

Quien declara lo anterior es la joven Dulce Rubí Burgos, identificada en el expediente como PSPR 1.

En efecto, en las averiguaciones donde las jóvenes acusan de secuestro a Nestora se expresan este tipo de señalamientos. Estos fueron añadidos al expediente un año después de sus declaraciones iniciales, en las cuales no referían esos maltratos.

Los testimonios de las chicas fueron desechados por el juez porque el Ministerio Público y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron un peritaje sobre el sitio donde estaban retenidas las menores, en Quiahuitepe, municipio de Ayutla. Había siete mujeres. No era una jaula insalubre donde tenían que hacer sus necesidades en botellas ni estaban recluidas junto con hombres, como suele declarar Dulce Rubí a la televisión cuando Miranda de Wallace la presenta ante los medios. Estaban en el salón de una escuela administrada por monjas, habilitado como dormitorio, con baños adyacentes. Las monjas administraban sus comidas. El lugar era exclusivo para mujeres. En el expediente constan incluso fotografías.

Lo que sí consigna la CNDH es que es probable que la dignidad de las menores haya sido violada. E incluye una recomendación al sistema de justicia comunitario de Guerrero a revisar y armonizar con las leyes nacionales y locales sus programas de reducación.

El expediente también incluye una declaración emitida por la misma joven ante el Consejo Social Olinalteco, con fecha del 10 de junio de 2013. Relata que fue retenida en Huamuxtitlán por la policía comunitaria del lugar. Refiere que desde el domingo andaba paseando con unos amigos, que identifica como el Maruchan y Paco. Que durmieron en su casa, en Tulcinco, en unas colchonetas, que estuvieron tomando micheladas y unas botellas hasta que decidieron regresar a su pueblo tres días después.