El próximo 18 de junio vence el plazo que fijó el primer tribunal colegiado, con sede en Tamaulipas, para que se integre la comisión de investigación para la verdad y la justicia (caso Iguala).

En la resolución, el órgano del Poder Judicial de la Federación señala que deberá estar integrado por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014. La determinación también considera el pago de una indemnización parcial de 500 mil pesos para cada una de las familias de los normalistas desaparecidos.

En la resolución dictada por los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Tánchez se establece que debido a que en México, lamentablemente no contamos con una fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a aplicar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación, consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, a través de sus representantes, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del ministerio público; en la inteligencia de que para dotar de soporte profesional, técnico y administrativo a las víctimas, éstas deberán ser asistidas en todo momento por un organismo autónomo, como lo es la CNDH.

Asimismo, los magistrados sustentan la decisión de crear la comisión especial en la resolución de un tema de desaparición y falta de justicia “se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar la sentencia de 16 de febrero de 2017, en el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil, en la que indicó que en los supuestos en que se sospecha la participación de funcionarios estatales, la investigación pudiera no ser independiente, a menos que se cree una comisión indagadora especial o algún procedimiento semejante”.

Agrega que es importante que se destinen los recursos presupuestarios que sean necesarios, para el adecuado funcionamiento de dicha comisión, por eso solicita al Congreso de la Unión para que en el marco de sus atribuciones adopte las medidas necesarias y se destinen los recursos que se requieran para su funcionamiento.

La sentencia detalla que la comisión se podrá fortalecer con la integración y participación de otras instituciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la CNDH.

Por eso, la resolución judicial considera que incluso no sólo sería factible, sino además recomendable, que se vislumbrara un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), máxime que originalmente se indicó que su mandato podría extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, que entre otros aspectos, contempló la adopción de las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes.

A pesar del plazo estipulado por el tribunal colegiado para crear la comisión de la verdad, funcionarios federales señalaron que en el Poder Ejecutivo se considera que los magistrados se excedieron en sus funciones, por lo tanto, se debe analizar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si existen las condiciones legales para que se conforme.