La deuda improductiva
l financiamiento puede servir para dos cosas: elevar el patrimonio de un país, de una empresa o de una persona, o simplemente para el gasto improductivo y el derroche.
La deuda pública mexicana a lo largo de este sexenio presentó un aumento acelerado, y el grave problema es que se utilizó de manera improductiva, es decir, se derrochó y el costo lo pagaremos todos los mexicanos.
Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda del gobierno pasó de representar 22.1 por ciento del producto interno bruto en 2007 a 47.3 por ciento en 2017. Es decir, en términos porcentuales más que se duplicó frente a la producción del país durante la década pasada.
Lo anterior no sería tan grave si ese dinero se hubiera utilizado en inversión productiva, como en el caso de la construcción de puentes, carreteras, escuelas, telecomunicaciones, hospitales y producción de hidrocarburos, ya que los intereses se podrían pagar con la creciente riqueza generada.
Sin embargo, los nuevos recursos contratados se utilizaron en forma ineficiente vía gasto corriente, publicidad y actos de corrupción. En estas condiciones, los nuevos pasivos no generaron bienestar a la población ni riqueza alguna.
El crecimiento de la deuda en el país durante el sexenio nos debilita ante los vaivenes financieros en el mundo. Si se deprecia el peso, si Estados Unidos sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si se presenta una crisis internacional o si se da una caída en los precios de los hidrocarburos, México no tendrá las condiciones financieras adecuadas para enfrentar ese tipo de problemas.
Además, las tasas de interés tienden a subir, lo que implicará un mayor costo de la deuda y para hacerle frente a los pasivos se incrementará el déficit del gobierno y se tendrán que cobrar más impuestos a la población.
Pero lo más grave del asunto es que el próximo presidente de la República no contará con recursos suficientes para estimular el crecimiento ni para hacer frente a los grandes retos del país. Es algo así como si Enrique Peña Nieto amarrara las manos a su sucesor para que no pudiera hacer nada.
Este es uno de los peores legados que dejará la actual administración a finales de este año.
