Huachicoleros imparables // Corrupción e impunidad
n materia de combate al robo de combustibles, el gobierno de Enrique Peña Nieto concluirá tal como lo hicieron sus dos antecesores: con el fracaso total y el negocio del huachicol en jauja. Para dar idea de qué se trata, en los primeros cuatro meses de 2018 el número de tomas clandestinas se incrementó casi 50 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2017, pero la venta de gasolinas y diésel robados no deja de crecer.
A principios de mayo del año pasado, tras el choque de la policía y el Ejército con huachicoleros, en el que resultaron asesinados cuatro militares y seis civiles en Palmarito Tochapan, Puebla, el inquilino de Los Pinos ordenó un plan integral contra el robo de combustibles, cuyo diseño y ejecución involucró a los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, así como de la Procuraduría General de la República, Petróleos Mexicanos (Pemex) y gobiernos estatales y municipales.
A partir del plan integral de Peña Nieto (el cual, dicho sea de paso, también Fox y Calderón pusieron en acción en sus respectivos gobiernos, con idénticos resultados, es decir, nulos), el robo, distribución y comercialización de combustibles se ha incrementado de manera sostenida.
A estas alturas, en 22 de las 32 entidades de la República –incluida la CDMX–, dicho negocio ha crecido de forma constante, aunque en mayor proporción el ilícito se registra en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y estado de México, que concentran 70 por ciento de tomas clandestinas.
De acuerdo con información de Pemex, en 2017 se reportaron 10 mil 363 tomas clandestinas y 5 mil 176 en los primeros cuatro meses de 2018. De mantenerse ese ritmo, el presente año podría cerrar con un récord: 15 mil 528, 50 por ciento más que el previo.
Se trata de un jugosísimo negocio que no podría echar raíces ni crecer –especialmente en las proporciones que se anotan– sin dos elementos fundamentales del sistema político y económico prevaleciente en el país: la corrupción y la impunidad, que permiten el libre accionar de los bandidos y el reparto proporcional de las ganancias con las presuntas autoridades, a sabiendas de que aquí nunca pasa nada.
Tal crecimiento ha sido la constante desde al menos 2003, cuando el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, puso en marcha su plan integral, el cual también involucraba a las instituciones mencionadas líneas arriba.¿Qué sucedió con ese plan integral? De pocas decenas (alrededor de siete) de tomas clandestinas registradas, el sexenio cerró, oficialmente, con 204 de ellas y pujante el negocio del huachicol.
A Los Pinos llegó Felipe Calderón, quien puso en marcha su propio plan integral. Con él en la residencia oficial, el mercado ilícito de combustibles creció vertiginosamente. De acuerdo con reportes de Pemex, inició su gobierno con 204 tomas heredadas por Fox y, al concluir su sexenio, el número se había elevado a mil 744 (incremento de 755 por ciento en el periodo), y el negocio del huachicol cada día más rendidor.
De Calderón, Enrique Peña Nieto heredó mil 744 tomas clandestinas. Para diciembre de 2017 el número se había incrementado a 10 mil 363, es decir, un aumento cercano a 500 por ciento, sin olvidar que, de mantenerse la tendencia registrada en el primer cuatrimestre de 2018, el año podría cerrar con 15 mil 528 (alrededor de 800 por ciento de incremento).
En síntesis, tres gobiernos –por llamarles así–, igual número de planes integrales y un espectacular crecimiento en el periodo, cercano a 14 mil por ciento, en el número de tomas clandestinas, para que a final de cuentas el negocio del huachicol se mantenga como uno de los más lucrativos del país. De ese tamaño es el éxito del combate al robo de combustibles.
Las rebanadas del pastel
Tercera llamada, tercera: mañana, en Mérida, se supone que los candidatos debatirán, aunque todo indica que prevalecerá el intercambio de boñiga. Veremos.
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