El Estado mexicano debe redirigir de manera profunda la investigación del caso Ayotzinapa y materializar transformaciones de fondo de la justicia en México, aseguró la oficina en nuestro país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Esta instancia analizó el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre los hechos en Iguala, Guerrero, del 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron 43 normalistas desaparecidos, seis asesinados y varios lesionados.

Con base en eso, consideró que las autoridades mexicanas deben observar puntualmente los contenidos de ambos documentos para enderezar la investigación y materializar las reformas estructurales que reviertan los grandes rezagos en el acceso a la justicia y combate a la impunidad, especialmente en relación con la autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia, así como los servicios forenses y periciales.

La atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia definitiva del tribunal colegiado deben realizarse potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos, afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.

Es llamativo que la investigación siga fragmentada (de acuerdo con el informe de la CIDH) y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado, lamentó.

Coincidió con la conclusión a la que llegó la CIDH: persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse para alcanzar verdad, justicia y reparación en este caso.

Por otro lado, la inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado es la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por diversos organismos internacionales, que incluyen a la ONU-DH, y por otras independientes, como el equipo argentino de antropología forense.

La ONU-DH coincidió con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia de forma detallada la sentencia, que se acreditó al aplicar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.