Cinco asesinados desde 2012
Daban seguimiento a una querella por depredación de acuíferos; el gobierno de Chihuahua no los protegió a pesar de amenazas: dirigente
Viernes 15 de junio de 2018, p. 29
Chihuahua, Chih.
En el contexto de la lucha por el agua entre miembros de El Barzón y la comunidad de los LeBarón, Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, ambos dirigentes de la organización campesina en el municipio de Namiquipa, fueron asesinados con armas de fuego cuando regresaban a su domicilio después de participar en una reunión en la capital del estado con Martín Solís, director de Desarrollo Rural del gobierno estatal, informó Heraclio Rodríguez, líder estatal barzonista.
Ramón, de 65 años, y Anselmo, de 39, fueron ultimados cuando circulaban por la carretera que conduce del campo menonita 101 (Santa Clara) a la comunidad de Flores Magón; fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta de redilas de su propiedad cerca del kilómetro 60 de esa vía, en el municipio de Namiquipa.
Ambos eran originarios del ejido San Gerónimo, antes conocido como Campo Santo. Hernández Nevárez era líder en su comunidad; encabezó demandas agrarias y desde hacía años participaba en la lucha por la defensa del agua en la cuenca hidrológica del río Del Carmen. Asimismo, denunció el control que grupos armados mantienen en la región.
Los dos habían recibido amenazas de muerte; pese a ello, hasta el miércoles, cuando fueron asesinados, no contaban con protección de las autoridades, aun cuando la organización había advertido a la Fiscalía General del Estado sobre el riesgo en que se encontraba.
Heraclio Rodríguez, líder barzonista y candidato a diputado federal por el partido Morena, indicó que Ramón y Anselmo Hernández daban seguimiento a una denuncia por la depredación de los acuíferos que abastecen al ejido San Gerónimo y otros del municipio de Namiquipa, lo que provocó la muerte de más de 3 mil árboles.
Rodríguez criticó la inacción del gobernador Javier Corral Jurado, del fiscal César Peniche Espejel y de la Comisión Estatal de Seguridad ante las amenazas y ataques contra él y otros agricultores que también han denunciado la perforación ilegal de pozos.
El aspirante morenista dijo: ‘‘Ya habíamos estado en la fiscalía. Ellos sabían de las amenazas. Yo y mi hijo tenemos medidas de protección, pero a mi hijo no hay quien lo cuide. A mí me asignaron un policía que no tiene patrulla, al que le tengo que pagar comidas y hospedaje porque el gobierno no tiene dinero para cuidarnos’’.
Peniche Espejel emitió un comunicado en el cual señaló: ‘‘La Fiscalía General del Estado no tiene ninguna denuncia en relación con este punto. Reitero: lamentamos mucho los hechos, pero hasta ahora no había ninguna denuncia presentada’’. No obstante, aceptó que las autoridades habían recibido informes de habitantes de Namiquipa, que deberán corroborar antes de preparar líneas de investigación sobre estos crímenes.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres lamentó que ‘‘el crimen organizado’’ siga operando con entera libertad y controle la región.
Detalló que a consecuencia de las reiteradas denuncias para solicitar la intervención de las autoridades por la sobrexplotación ilegal del agua, en días previos Hernández Nevárez y su familia recibieron amenazas, lo que fue reportado y derivó en una operación policiaca realizada el pasado 23 de mayo.
En un cateo en el cual participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad en la localidad de San Gerónimo, municipio de Namiquipa, se decomisó equipo táctico, armas de fuego, dos camionetas pick-up y se detuvo a una persona, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en un boletín de prensa, en mayo.
La persona detenida fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la República, que turnó el caso a un juez federal; sin embargo, se tiene información de que fue puesta en libertad. Se desconoce si fue vinculada a proceso por las armas que fueron confiscadas.
Heraclio Rodríguez recordó que con estos homicidios suman cinco los líderes de esa organización que han sido ultimados.
En octubre de 2012 fue asesinado Ismael Solorio Urrutia, miembro de la dirigencia de El Barzón en el estado, cuando viajaba en compañía de su esposa, Manuela Solís Contreras, quien también murió en el ataque, perpetrado con armas largas.
En 2016, en Ciudad Juárez, fue asesinado el ex alcalde de Villa Ahumada Alberto Almeida Fernández, también activista de El Barzón, quien participó en protestas que incluyeron bloqueo de puentes, carreteras y vías de ferrocarril en demanda de que la familia LeBarón dejara de explotar el agua de manera ilegal.