El fallo de un juzgado de distrito en contra de dos soldados involucrados en el ataque sexual contra la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú es un hecho histórico, pues es la primera vez que efectivos militares son sentenciados por autoridades mexicanas, luego de que un organismo internacional así lo hubiera ordenado, destacaron organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, activistas y fuentes judiciales señalaron que este hecho no necesariamente significa un cambio radical en la justicia del país, ya que muchos otros casos de violaciones de derechos humanos permanecen en la total impunidad, además de que la mencionada sentencia todavía puede ser apelada.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que el fallo en contra de los soldados que agredieron a Rosendo es una buena noticia para la víctima y para las organizaciones que le dieron asesoría legal, pero no dejó de destacar que la sentencia de la justicia mexicana tardó 16 años en llegar.

Jorge Fernández, coordinador del área jurídica del colectivo Indignación, subrayó por su parte en que el carácter histórico de la sentencia contra los agresores de Valentina Rosendo tiene que ver con que nunca antes se había castigado a militares por cometer violaciones de derechos humanos.

Esta sentencia es un golpe importante a la impunidad, que ojalá fuera una constante, pero vemos que más bien son fallos aislados, pues hay muchos casos donde el Ejército ha sido responsables de violaciones de derechos humanos, y la justicia está lejos de llegar, manifestó.

Mientras tanto, de acuerdo con información obtenida de funcionarios judiciales, los sentenciados –que llevan alrededor de seis años presos luego de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, pueden solicitar la revisión de la sentencia dictada por el juzgado séptimo de distrito en materia penal, con sede en Guerrero.