El líder sindical Ismael Figueroa, candidato a una diputación al Congreso local, es investigado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por la utilización de una pipa perteneciente al Cuerpo de Bomberos que abasteció de agua su casa de campaña, hecho que podría constituir presunto uso indebido de recursos públicos.

Otra investigación es contra la coalición Por la CDMX al Frente y Figueroa, porque se tienen indicios de que los bomberos de la Ciudad de México han sido obligados en sus días de descanso a repartir volantes y levantar encuestas para obtener por lo menos 50 números telefónicos y direcciones de vecinos potencialmente votantes, con la finalidad de promocionar su candidatura y que, supuestamente a cambio del apoyo y voto de sus compañeros, les ofrece mejores sueldos y herramientas para realizar su labor.

Asimismo, el IECM advirtió que Figueroa ha condicionado la distribución de agua a cambio de la entrega de una copia de la credencial para votar, lo que hace presumir inducción y coacción al voto por un servicio público.

El 21 de mayo, la candidata a la jefatura de Gobierno de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, acudió a la Estación Central de Bomberos para un acto de campaña en día laboral de los vulcanos y con su uniforme oficial.

El 23 de mayo, un grupo de bomberos liderados por Figueroa agredió a dos reporteros afuera de la Asamblea Legislativa, lo que derivó en otra investigación.

Por otra parte, los dos hombres implicados en la muerte de un elemento del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el 8 de junio, fueron vinculados a proceso por un juez de control, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

La víctima, Javier García Salinas, había denunciado amenazas del líder sindical Ismael Figueroa por no apoyar su candidatura.

El juez los envió al Reclusorio Norte y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, mientras la Policía de Investigación acreditó que el sujeto de 59 años fue el autor material del homicidio y el otro, de 60 años, su cómplice.

Señaló que ambos cuentan con antecedentes penales. El primero por robo a transeúnte con violencia en 2016 y el segundo por portación de arma prohibida en 1991, por lesiones calificadas en 1999 y por robo simple en 1996 y 2014.

Cada uno podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión.