Pese a la incertidumbre que generan los resultados electorales y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las empresas que han ganado licitaciones en el sector energético difícilmente podrán retirar sus inversiones de México porque están proyectadas a largo plazo y se les pueden fincar responsabilidades jurídicas en caso de incumplir, sostuvo Leticia Armenta Fraire, investigadora del Tec de Monterrey.

A nivel legal, los ganadores de las licitaciones adquirieron obligaciones y entonces se les pueden fincar responsabilidades (en caso de incumplir). La industria energética funciona con proyectos a largo plazo, así que las inversiones que se hagan hoy, maduran en cinco, ocho o 10 años. Entonces, una compañía que ya comprometió sus recursos en un negocio en el sector no puede salirse tan fácil en meses, puntualizó.

Acotó que hay flujos de capital que pueden aplazarse por situaciones generales del país, como el tema de la seguridad. Las empresas que ganan una licitación pueden argumentar que no existen las condiciones que esperaban o que se prometieron, por lo que se retrasa un proyecto determinado, indicó.

Eso, detalló, es muy distinto a hablar que se vayan del país las inversiones energéticas, porque éstas son grandes y tangibles, como, ejemplificó, un barco que traslada petróleo que se tarda meses en trasladarse y que implica mucho tiempo de planeación y ejecución. No estamos hablando de (inversiones en) la bolsa de valores, donde los capitales vuelan por segundos sin importar la hora del día porque funcionan las 24 horas, toda vez que nuestra economía está interconectada con diferentes partes del mundo que tienen actividad económica en otros husos horarios, comentó.

Si bien la especialista insistió en que es difícil mover o sacar las inversiones realizadas en el sector energético, acotó que tampoco se puede hablar de blindaje, porque eso nos da la idea de una protección absoluta y en esta realidad todas las cosas cambian todos los días, pero sí podemos mencionar que se tienen certezas jurídicas que deben cumplirse y que en caso de no hacerse implica resarcir daños, lo que hace difícil, que no imposible, revertir las inversiones.

También calificó de un error que el gobierno federal haya vendido la reforma energética entre la población con la eventual reducción en el precio de la gasolina, con el conocimiento que esto queda sujeto a variables de mercados internacionales, fuera del control del Estado mexicano.

Resaltó que eso ha generado descontento y tendrá un impacto entre los electores. Por un lado, importamos 60 por ciento de las gasolinas, lo que quiere decir que estamos sujetos al precio internacional y, en segundo lugar, todas las importaciones las tenemos que pagar en moneda extranjera, entonces tanto el tipo de cambio como los precios internacionales no son dominados por el Estado... El control de tarifas (en energéticos) lo puede realizar un Estado que es productor y va a subsanar la diferencia de costos cuando ésto se tengan. Fue un argumento irreal, con promesas incumplibles, remarcó.

Sobre los planteamientos para el sector energético realizados por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Leticia Armenta consideró que en un mundo ideal todo es posible, como construir refinerías, pero hay tal astringencia de recursos en el Estado por las obligaciones que tiene para el pago de pensiones o proyectos de infraestructura, por lo cual los proyectos de refinación y petroquímica han quedado pendientes.

Calificó de muy peligroso que López Obrador hable de que en caso de ganar la Presidencia echará para atrás los contratos o licitaciones ya realizados en el sector energético, sin proporcionar elementos al respecto y sólo generar ruido.

Si tuviera una denuncia específica con elementos y dijera cómo solucionarlos, sería una enorme propuesta, pero no se puede descalificar la reforma energética sólo porque sí, ya que no se puede construir el país cada seis años. Se tiene que partir de lo que hay y, en todo caso, reformar o corregir si las cosas llevan un mal rumbo.

La reforma energética aprobada durante este sexenio podría echarse para atrás siempre y cuando López Obrador tuviera en su favor al Congreso, dado que se hicieron cambios constitucionales y sólo el Poder Legislativo está facultado para deshacer cualquiera de las modificaciones que se aprobaron este sexenio.